Mendoza decidió mostrarle al país que también sabe hablar el idioma del Evangelio libertario. Orden, eficiencia, reciclaje formal, monotributo, cooperativas y economía circular. Todo prolijo. Todo fotografiable. Todo apto para seminarios internacionales con café orgánico y PowerPoint verde esperanza.
El cierre del basural de Puente de Hierro fue presentado como una obra ejemplar: ciento cuarenta y cuatro recuperadores urbanos incorporados al sistema formal, credenciales, uniformes, salarios y hasta autoestima recuperada. Una postal moderna para una Argentina donde el cartón dejó de ser símbolo de supervivencia y pasó a llamarse “economía circular inclusiva”. Cambió el nombre… y también el perfume.
Pero mientras Mendoza exhibía esa vitrina ambiental con orgullo institucional, otro paisaje menos fotogénico seguía rebalsando por debajo de la alfombra administrativa. Porque a pocos kilómetros del discurso ecológico, las cloacas comenzaron a escribir su propia editorial líquida sobre el territorio.
Y allí apareció la otra Mendoza. La que firma convenios de emergencia para contener desbordes cloacales que ya no pueden ocultarse ni con declaraciones optimistas ni con conferencias sobre sustentabilidad. Canales de riego convertidos en rutas sanitarias improvisadas. Napas contaminadas. Vecinos pagando estudios bacteriológicos de su propio bolsillo para descubrir si el agua que toman sigue siendo agua… o una ruleta microbiológica.
La escena tiene algo de tragicomedia administrativa. Por un lado, el Estado provincial predica disciplina fiscal y modernización institucional bajo la sombra doctrinaria de Javier Milei. Por el otro, organismos públicos terminan negociando cómo transportar efluentes cloacales sin que exploten las cañerías ni la paciencia de la población. Una mezcla extraña entre liberalismo de atril y plomería de emergencia.
El convenio entre Aysam e Irrigación parece redactado por un ingeniero hidráulico perseguido por abogados ambientalistas. “Sistema cerrado, estanco, segregado, monitoreado, con guardia permanente y plan de contingencias”. Traducido al castellano de barrio: rezar para que el asunto no reviente otra vez.
La paradoja cuyana alcanza niveles casi poéticos. Mientras se formaliza a recicladores y se celebra el fin del mayor basural a cielo abierto, la provincia reconoce oficialmente que una colectora diseñada para ciento ochenta mil personas hoy recibe residuos de más de quinientos mil habitantes. Es decir: Mendoza logró domesticar el cartón… pero todavía no consigue domar aquello que baja por las cañerías.
Y como suele ocurrir en la Argentina contemporánea, el ciudadano común termina convertido en inspector sanitario involuntario. Son los vecinos quienes pagan análisis privados, quienes documentan olores, quienes denuncian derrames y quienes descubren que la modernidad institucional muchas veces llega con retraso… especialmente cuando viene flotando.
Lo más curioso es que ambos relatos conviven bajo la misma administración y casi bajo la misma retórica. El gobierno que celebra la inclusión ambiental también administra una crisis sanitaria monitoreada por fiscales, municipios, organismos ambientales y tribunales. Un pie en la economía circular; el otro, hundido hasta el tobillo en el barro cloacal.
Mendoza quiso mostrarse como modelo de transición justa. Y en parte lo consiguió. Pero la realidad tiene esa costumbre desagradable de filtrarse por las grietas menos oportunas. Porque no alcanza con reciclar residuos cuando la infraestructura pública amenaza con reciclar directamente las aguas servidas sobre la paciencia social.
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