BUENOS AIRES / GÉNOVA, 13 de noviembre de 2026 — Leonardo Bertulazzi, antiguo integrante de las Brigadas Rojas italianas, desapareció de su arresto domiciliario en Buenos Aires cuando su extradición a Italia parecía inminente. No necesitó organizar una revolución, tomar un cuartel ni proclamar la caída del capitalismo: le bastaron una maniobra para eludir el control electrónico y una fuga mediante cuerdas desde un quinto piso. A sus 74 años, el hombre que escapó durante décadas de la justicia italiana consiguió protagonizar otro capítulo que deja bastante peor parada a la vigilancia del Estado que a su propia agilidad. Ahora, dos personas han sido detenidas en Entre Ríos bajo sospecha de haber colaborado con su fuga.
Conviene desempolvar los archivos antes de repartir adjetivos. El 25 de enero de 1984, el diario La Stampa publicaba en sus páginas de Liguria una crónica titulada «Dodici gambizzati e un sequestro nel processo alle Bierre di Genova». Entre los acusados figuraba Leonardo Bertulazzi, junto a otros integrantes de la organización terrorista que había convertido el secuestro, los disparos contra las piernas y la intimidación política en instrumentos de una pretendida transformación revolucionaria. Aquellos procesos reconstruían una época en la que la violencia pretendía imponer, mediante las armas, lo que no podía conseguir mediante las urnas.
Uno de los episodios centrales fue el secuestro del empresario genovés Pietro Costa, perpetrado en 1977 para obtener financiación. Bertulazzi terminó condenado por la justicia italiana en distintas causas relacionadas con las actividades de las Brigadas Rojas. Una disposición judicial de Génova, emitida en enero de 1997, estableció la ejecución de penas concurrentes por un total de 27 años de prisión. No hablamos, por tanto, de una simple controversia ideológica ni de una discusión académica sobre el marxismo europeo. Hablamos de delitos juzgados, condenas y víctimas concretas, aunque las garantías procesales del condenado sigan siendo una obligación del Estado.
Otra página del archivo, fechada el 30 de septiembre de 1980, refleja el clima de aquellos años. Informaba sobre un depósito clandestino de armas descubierto en el monte Fasce, cerca de Génova, y sobre la posible recuperación de una metralleta sustraída tras el asesinato de los carabineros Vittorio Battaglini y Mario Tosa. La propia crónica advertía que la identificación del arma no había sido confirmada por la Fiscalía. También mencionaba a Bertulazzi en las investigaciones sobre el grupo denominado «28 marzo». Son antecedentes del contexto histórico, no pruebas que permitan atribuirle aquellos homicidios. La memoria exige precisión, especialmente cuando los muertos ya no pueden defenderse de las simplificaciones.
En aquellos años, Italia conoció un terrorismo de diversos signos que perseguía la destrucción del orden democrático. Una investigación publicada por La Stampa el 21 de septiembre de 1980 recogía las amargas reflexiones de los magistrados que investigaban la masacre de la estación de Bolonia, perpetrada el 2 de agosto de aquel año. Los investigadores cuestionaban las oportunidades perdidas para detectar a las organizaciones subversivas. Ese atentado, que dejó 85 muertos, fue obra del terrorismo neofascista, según las sentencias judiciales posteriores. No corresponde vincularlo con Bertulazzi ni con las Brigadas Rojas. Sí corresponde recordar que los extremismos de distinto signo coincidieron en considerar la democracia un obstáculo que podía demolerse mediante la violencia.
La trayectoria argentina de Bertulazzi constituye otro capítulo digno de examen. Detenido en 2002, obtuvo posteriormente el reconocimiento como refugiado político, condición que perdió en 2024. Mientras Italia reclamaba su entrega, el expediente transitó durante años por los caminos judiciales argentinos. Incluso ahora existen interpretaciones jurídicas contrapuestas acerca de las garantías para revisar las condenas dictadas en ausencia. Es una cuestión que merece claridad. Porque un Estado de derecho no puede permitir que un condenado eluda indefinidamente a la justicia, pero tampoco puede convertir la extradición en un trámite que prescinda de los derechos de defensa.
Y llegamos al espectáculo contemporáneo: un sistema de vigilancia electrónica aparentemente burlado, una vivienda vacía y un fugitivo cuyo recorrido movilizó a las fuerzas de seguridad argentinas. La investigación alcanzó Entre Ríos, donde una mujer salvadoreña y un ciudadano uruguayo fueron detenidos como presuntos colaboradores. Se investiga una posible red de apoyo y la eventual intención de cruzar hacia Uruguay, hipótesis todavía pendientes de esclarecimiento. El Gobierno argentino ofreció una recompensa de veinte millones de pesos por información que permita localizarlo. Hay una ironía difícil de disimular: después de casi medio siglo de procedimientos judiciales, el último obstáculo para una extradición terminó siendo una tobillera electrónica que no cumplió su cometido.
Las autoridades deberán explicar cómo se produjo la evasión, quién supervisaba efectivamente las medidas de seguridad y qué controles fallaron. No basta con buscar al fugitivo: también corresponde examinar la responsabilidad institucional. La política suele exhibir una notable habilidad para anunciar mano dura, especialmente cuando hay cámaras encendidas. Mucho más difícil resulta demostrar eficacia cuando las cámaras registran que el vigilado ya no está. La seguridad pública no se mide por la intensidad de los discursos, sino por la capacidad de prevenir aquello que después resulta necesario investigar.
Leonardo Bertulazzi podrá intentar escapar de una frontera, de una orden de captura o de una extradición. Lo que no puede hacer es borrar los expedientes, las sentencias ni el sufrimiento provocado durante los años de plomo. Tampoco las instituciones pueden esconder sus errores detrás de la indignación oficial. La justicia necesita memoria, garantías y eficacia, no discursos de ocasión. Cuarenta y tantos años después, los archivos siguen donde estaban, las víctimas siguen reclamando respeto y la democracia continúa obligada a defenderse sin traicionar sus principios. El pasado no se fugó. Bertulazzi sí. Y ahora alguien tendrá que explicar cómo.
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Fuentes consultadas: Archivo Histórico de La Stampa (21 y 30 de septiembre de 1980; 25 de enero de 1984); Agencia Noticias Argentinas (12 de noviembre de 2026); Boletín Oficial argentino, Resolución 1168/2026; ANSA, RaiNews y prensa argentina e italiana (10–13 de noviembre de 2026).