Una lectora nos escribió pocas palabras. No necesitó editorial, doctrina ni megáfono:
“Nunca te escuché denunciar esto”.
Tiene razón en algo fundamental.
Hay asuntos que no deberían pertenecer a un partido, a una ideología ni al diario que consigue ponerlos sobre la mesa. Pertenecen al ciudadano. Y cuando el dinero involucrado es público, pertenecen todavía un poquito más al ciudadano que lo puso sin que nadie le preguntara si estaba de acuerdo.
El nombre de Julio “Chocolate” Rigau entró en la crónica política argentina de una manera difícil de olvidar. El 13 de septiembre de 2023 fue detenido en La Plata mientras realizaba extracciones en cajeros automáticos con 48 tarjetas de débito pertenecientes a empleados de la Cámara de Diputados bonaerense.
Cuarenta y ocho.
No una tarjeta prestada por un amigo. No dos. No tres.
Cuarenta y ocho tarjetas.
A partir de allí comenzó una investigación judicial destinada a determinar cómo funcionaba aquel mecanismo, quiénes participaban y hasta dónde llegaban sus responsabilidades. Y entre las preguntas apareció una tan elemental que casi produce pudor escribirla:
¿Quién había propuesto contratar a aquellas personas?
Para responderla, la fiscal Betina Lacki reclamó los llamados “memos de propuesta de designación o contratación”. No buscaba tratados constitucionales ni documentos secretos guardados debajo de siete llaves. Buscaba papeles administrativos que podían permitir reconstruir quién propuso las designaciones de las personas investigadas.
La Justicia preguntó.
Y ahí comenzó una extraordinaria excursión por esa especialidad argentina que consiste en transformar una pregunta sencilla en una peregrinación administrativa.
Los requerimientos de la fiscalía comenzaron en abril de 2025. Hubo reiteraciones y respuestas que no permitieron obtener la documentación pretendida. Finalmente, el juez de Garantías Federico Guillermo Atencio emitió una orden de presentación para reclamar esos documentos.
Pero mientras la Justicia caminaba por un pasillo, la política había caminado por otro.
El 28 de mayo de 2026, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó un proyecto que ratificaba actuaciones administrativas y disponía el archivo de expedientes incluidos dentro de un conjunto de casi ocho mil resoluciones.
Allí estaban también las actuaciones vinculadas con los pedidos de la fiscal.
La votación fue sobre tablas, sin un debate específico sobre el caso y mediante el sistema de votación por signos. Por eso no quedó una nómina individual que permita saber cómo votó cada diputado. Christian Castillo dejó expresamente asentada su oposición.
Hay que decir también aquello que corresponde decir aunque estropee una buena salsa.
La Cámara de Diputados niega haber ocultado pruebas. Sostiene que el archivo fue aprobado el 28 de mayo, mientras que la orden judicial de presentación ingresó el 19 de agosto, casi tres meses después. También reivindica la autonomía del Poder Legislativo y las garantías constitucionales que protegen a sus integrantes por los votos emitidos en ejercicio de sus funciones.
Es un argumento que deberá ser considerado.
Pero tampoco borra otro dato: los pedidos de la fiscalía para obtener los memos habían comenzado mucho antes, en abril de 2025.
Es decir que podemos discutir calendarios, competencias, procedimientos, fueros, reglamentos, expedientes, alcances y soberanías parlamentarias hasta consumir el último café del Palacio Legislativo.
Después de todo eso seguirá sentada delante de nosotros la misma pregunta.
¿Quién los nombró?
Porque aquí aparece la maravilla del asunto.
Para contratar a una persona en cualquier pequeña empresa hay que saber quién la contrata, cuánto cobrará, qué función desempeñará y quién autoriza el gasto.
Cuando se trata del Estado, aparentemente podemos necesitar un juez, una fiscal, cinco requerimientos, una orden de presentación, ocho mil resoluciones administrativas y tres años de paciencia para intentar conocer quién propuso determinados contratos pagados con dinero público.
Debe ser una de esas ventajas de la simplificación administrativa que todavía no hemos aprendido a apreciar.
Conviene además evitar una comodidad tentadora: pintar este episodio exclusivamente con los colores de un partido.
La votación obtuvo una mayoría superior a los dos tercios de los presentes y participaron en aquella jornada representantes de diferentes fuerzas políticas. Precisamente por eso el asunto resulta institucionalmente mucho más interesante que una pelea entre oficialistas y opositores.
Cuando la oscuridad es transversal, encender la luz también debería serlo.
El juez Atencio presentó posteriormente una denuncia para que se investigue si existió un posible encubrimiento. Eso es, por ahora, una cuestión sometida a investigación judicial. No corresponde a un periódico dictar sentencia desde una mesa de redacción.
Podemos, en cambio, hacer algo bastante más modesto.
Preguntar.
¿Quién propuso aquellas contrataciones?
¿Dónde están los documentos?
¿Quién autorizó las designaciones?
¿Qué tareas desempeñaban esas personas?
¿Existían controles?
¿Y por qué conocer algo tan elemental se ha convertido en semejante laberinto?
Tal vez algún día vuelvan los escolares a recorrer la Legislatura bonaerense y un maestro les explique que allí funciona uno de los poderes fundamentales de la democracia provincial.
No hace falta acusar a nadie anticipadamente para formular esas preguntas. Tampoco hace falta ser peronista, radical, libertario, macrista, socialista ni coleccionista de estampitas electorales.
Hace falta ser contribuyente.
Porque las instituciones no pierden prestigio cuando alguien pregunta qué ocurre dentro de ellas.
Lo pierden cuando una pregunta razonable no consigue una respuesta razonable.
Sería magnífico.
Pero además de enseñarles dónde se sientan los diputados, dónde se votan las leyes y dónde se pronuncian los discursos, podríamos enseñarles una cosa todavía más importante:
que en una República, cuando el Estado gasta dinero de los ciudadanos, debe poder explicar quién decidió gastarlo, para qué y en beneficio de quién.
Abuela Pecas nos tiró de la oreja.
Esta vez, correspondía escucharla.
Y ahora trasladamos la pregunta a quienes pueden responderla:
¿QUIÉN LOS NOMBRÓ?
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Fuentes consultadas: información pública sobre la causa Chocolate Rigau; actuaciones y requerimientos judiciales informados por medios nacionales; Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires; TN; La Nación; Agencia Noticias Argentinas.