Hay noticias que parecen escritas por un humorista con acceso al expediente judicial.
Cristina Fernández de Kirchner fue condenada en la causa Vialidad y debe afrontar, junto con los demás condenados, un decomiso multimillonario. Sin embargo, según la información publicada, la Justicia todavía no habría conseguido decomisar efectivamente ese dinero. Mientras tanto, otro expediente produjo una consecuencia bastante más concreta: el Estado deberá afrontar honorarios de los abogados de los demandados por una suma cercana a los diez millones de dólares, después de que Vialidad Nacional dejara caer una acción civil.
Conviene detenerse aquí, porque la indignación suele correr bastante más rápido que los expedientes.
Que una persona haya sido condenada no autoriza al Estado a saltearse procedimientos, garantías ni recursos. El Estado de Derecho tiene precisamente esa incómoda virtud: también protege a quien nos disgusta. Los decomisos deben ejecutarse conforme a derecho y los honorarios derivados de un proceso perdido deben pagarse cuando corresponda.
Hasta allí, ninguna objeción.
El problema comienza cuando la suma de procedimientos perfectamente explicables termina construyendo un resultado difícil de explicar al ciudadano común.
Porque ese ciudadano contempla una condena, escucha hablar de cientos de millones de dólares por recuperar y descubre que la maquinaria estatal todavía busca cómo hacer efectivo el decomiso. Pero, cuando llega la factura de un juicio civil abandonado por el propio Estado, la cuenta encuentra rápidamente un destinatario: él mismo, a través del Tesoro.
Y entonces aparece el peligro de tener razón.
No la razón de Cristina Kirchner ni la de quienes llevan años intentando convertir cada expediente suyo en una absolución política anticipada. Tampoco la razón de quienes quisieran reemplazar tribunales por hogueras públicas. Es algo bastante más incómodo: la razón del ciudadano que pregunta por qué los errores del Estado siempre parecen disponer de una caja para ser pagados.
La pregunta resulta todavía más pertinente cuando, en otro rincón del escenario público, aparecen funcionarios y legisladores beneficiados con créditos del Banco Nación cuyas condiciones están siendo investigadas judicialmente. El propio banco reconoció que funcionarios y legisladores fueron incluidos deliberadamente en una línea destinada al sector público, mientras existen sospechas que dieron lugar a una investigación penal.
Aquí también corresponde guardar el bisturí antes que empuñar el martillo: una investigación no es una condena.
Pero la coincidencia política resulta extraordinariamente poco elegante.
Durante décadas, unos denunciaron privilegios de los otros. Los otros llegaron prometiendo terminar con la casta. Y ahora el ciudadano, que no suele disponer de abogados millonarios ni de una ventanilla VIP para financiar una casaquinta, observa cómo la palabra privilegio cambia de propietario sin abandonar jamás el edificio.
Quizás allí resida el verdadero problema argentino.
No en que Cristina Kirchner tenga abogados capaces de defenderla hasta la última coma. Está en su derecho.
No en que un funcionario solicite legítimamente un crédito hipotecario si cumple exactamente las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano. También está en su derecho.
El problema aparece cuando el Estado administra mal una causa y paga la factura; cuando una institución pública concede beneficios que despiertan sospechas de trato preferencial; o cuando las reglas parecen rigurosísimas para quien golpea la puerta desde afuera y sorprendentemente flexibles para quien ya conoce los pasillos.
Entonces izquierda, derecha, kirchnerismo, libertarios y demás parroquias pueden continuar arrojándose expedientes por la cabeza.
El ciudadano seguirá pagando la entrada.
Y posiblemente también los abogados.
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Fuentes consultadas: información publicada por La Nación y Página/12; actuaciones y documentación pública citadas por dichos medios.