En 1934, Enrique Santos Discépolo escribió Cambalache. Noventa años después, el tango sigue apareciendo en la conversación pública argentina con la puntualidad de un impuesto. No porque tenga razón en todo, sino porque cada tanto la realidad parece empeñada en darle nuevos argumentos.
Esta semana, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, intentó explicar por qué durante años mantuvo fuera de sus declaraciones juradas unos 500.000 dólares que, según afirmó, provenían de ahorros personales e inversiones en bitcoin. Lo hizo con una frase que seguramente quedará archivada en la larga colección de frases memorables de la política nacional: “lo pusimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar”.
La explicación puede resultar jurídicamente suficiente o insuficiente; eso lo determinarán los organismos competentes. Pero el problema político va por otro lado. Cuando un alto funcionario admite haber mantenido fondos sin declarar y lo presenta como una práctica habitual, el debate deja de ser individual y se convierte en colectivo.
Argentina posee una curiosa habilidad para transformar las excepciones en costumbres y las costumbres en argumentos defensivos. Lo extraordinario se vuelve normal. Lo discutible pasa a ser comprensible. Y lo comprensible termina siendo aceptado con un encogimiento de hombros.
Allí aparece la sombra de Discépolo. No porque todos sean iguales ni porque la honestidad carezca de valor, sino porque cada crisis parece erosionar un poco más la diferencia entre lo correcto y lo conveniente. El problema nunca es únicamente el dinero; el problema es la escala moral con la que se mide.
Adorni sostiene que no es un ladrón. Puede tener razón. También afirma que pagará hasta el último peso que corresponda. Eso sería lo esperable. Sin embargo, el verdadero interrogante no es si un funcionario logra justificar su patrimonio, sino por qué la sociedad argentina parece condenada a discutir una y otra vez cuestiones que en otros países deberían ser obvias.
La defensa presidencial llegó rápidamente. Javier Milei respaldó a su colaborador y denunció una operación dirigida en realidad contra su Gobierno. Es una respuesta políticamente lógica. Lo que resulta menos lógico es que cualquier cuestionamiento termine inevitablemente absorbido por la grieta, donde toda observación es interpretada como un ataque y toda defensa como un acto de fe.
Mientras tanto, los ciudadanos observan una escena conocida. Declaraciones rectificadas. Explicaciones tardías. Investigaciones judiciales. Acusaciones cruzadas. Y una discusión pública donde cada sector parece evaluar los hechos según quién los protagoniza y no según lo que ocurrió.
Quizás por eso Cambalache sigue sobreviviendo a gobiernos, ideologías y generaciones. No porque describa una verdad absoluta, sino porque retrata una tentación permanente: la de resignarse a que todo da lo mismo. Y cuando una sociedad acepta esa idea, el problema ya no es un funcionario, un partido o un gobierno. El problema es que la excepción termina convirtiéndose en regla.
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