La política argentina tiene una rara habilidad para reciclar palabras. Lo que ayer era privilegio, hoy puede llamarse incentivo; lo que antes se denunciaba como beneficio para unos pocos, ahora aparece presentado como una herramienta legítima de gestión. Cambian los gobiernos, cambian los discursos, pero ciertas costumbres conservan una salud admirable.
La revelación de que más de mil funcionarios, exfuncionarios y personas vinculadas al poder accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación vuelve a colocar bajo la lupa una vieja pregunta nacional: ¿quién llega primero a la ventanilla cuando aparecen las oportunidades?
Según los datos obtenidos mediante pedidos de acceso a la información pública, 1.120 operaciones crediticias terminaron en manos de Personas Expuestas Políticamente. La cifra representa uno de cada veintitrés préstamos otorgados para vivienda durante la actual gestión. No se trata de una irregularidad probada por la Justicia, pero sí de una fotografía que resulta incómoda para un gobierno que construyó buena parte de su identidad denunciando privilegios.
El contraste adquiere mayor relieve porque ocurre en medio de un severo ajuste del gasto público. Mientras se repiten los llamados al sacrificio, se reducen programas y se multiplican los discursos sobre la necesidad de soportar el dolor presente para alcanzar un futuro mejor, una parte de la dirigencia parece haber encontrado condiciones particularmente favorables para resolver un problema tan sensible como el acceso a la vivienda.
Los nombres conocidos que aparecen entre los beneficiarios alimentan inevitablemente la polémica. Funcionarios del área económica, dirigentes vinculados al oficialismo y familiares de figuras relevantes forman parte de una lista que difícilmente pase inadvertida para una sociedad donde millones de trabajadores siguen viendo la casa propia como una meta cada vez más distante.
La controversia creció aún más al conocerse que la normativa original fue modificada para ampliar el universo de beneficiarios e incluir cargos políticos. La decisión podrá defenderse desde el punto de vista administrativo, pero políticamente deja abierta una pregunta inevitable sobre el sentido de las prioridades cuando los recursos son escasos.
La Justicia tendrá ahora la tarea de determinar si existieron o no irregularidades en el otorgamiento de los préstamos. Esa será la dimensión jurídica del asunto. La dimensión política, en cambio, ya está instalada y probablemente sea más difícil de cerrar con un expediente.
Como si el escenario necesitara más combustible, la disputa interna en el oficialismo sumó otro capítulo con las tensiones en el Senado y los rumores de renuncia de Patricia Bullrich. Los desacuerdos sobre designaciones judiciales y las críticas cruzadas exponen fisuras que hasta hace poco se procuraban mantener detrás de las puertas cerradas.
La consecuencia inmediata es un gobierno obligado a administrar simultáneamente dos frentes incómodos: las explicaciones sobre los créditos otorgados a funcionarios y una creciente disputa política por el control de las decisiones estratégicas. Ninguno de los dos problemas parece dispuesto a resolverse con la velocidad de un comunicado oficial.
La política argentina suele presentar estas escenas como excepciones. Sin embargo, el ciudadano común lleva décadas observando la misma obra con distintos actores. Cambian los colores partidarios, cambian los eslóganes y cambian los enemigos elegidos. Lo que rara vez cambia es la sensación de que, cuando se abre una puerta privilegiada, siempre hay alguien del poder que llega primero.
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