Julio De Vido llegó a Comodoro Py a las 8.15, puntual como nunca lo estuvo el Sarmiento en los años de la tragedia de Once, esa misma que lo tiene hoy cumpliendo condena.
La Corte Suprema dejó firme la sentencia a cuatro años de prisión, tras rechazar los recursos tanto de la defensa como del Ministerio Público Fiscal. Cuando Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti dicen “inadmisible”, se termina la música.
De Vido fue condenado por administración fraudulenta: no por el estrago culposo —de eso lo absolvieron— sino por no controlar los fondos destinados a TBA, esos fondos que deberían haber evitado lo que ocurrió el 22 de febrero de 2012.
La tragedia dejó 51 muertos. Y aunque la política argentina tiene memoria selectiva, los expedientes judiciales no.
La Cámara de Casación ya había confirmado la condena. Luego la Corte, en 2024, ratificó la responsabilidad pero pidió revisar la pena. El ajuste terminó en cuatro años. Nada de sorpresas.
La defensa intentó un último movimiento pidiendo la prescripción. La Corte respondió con silencio administrativo de lujo: artículo 280, muchas gracias, siga participando.
El fallo recuerda que el Ministerio de Planificación, bajo su mando, no controló lo que debía controlar, a pesar de informes públicos que advertían sobre el deterioro ferroviario.
Con la condena firme, De Vido se entrega en un país donde la corrupción suele estar más acostumbrada a fueros que a barrotes.
El ex ministro llega a prisión sin estridencias, pero con un prontuario político-judicial que marca época: de los superpoderes al banquillo.
Once, más de una década después, vuelve a escribir historia judicial. Y esta vez el tren sí llegó a destino.
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