.
“Facundo: Civilización y Barbarie” fue publicado por Domingo Faustino Sarmiento en 1845. Más que una biografía de Facundo Quiroga, es un ensayo político sobre la Argentina de su tiempo, el conflicto entre centralismo y caudillismo, y la construcción de las instituciones nacionales.
El 15 de junio, la Casa Rosada recordó el Día Nacional del Libro con una imagen elegante y simbólica. Sobre una mesa de madera descansaba un ejemplar de Facundo: Civilización y Barbarie, la obra más conocida de Domingo Faustino Sarmiento. El mensaje era impecable: la lectura como herramienta de educación, conocimiento y construcción nacional.
La fotografía tenía algo de homenaje y algo de declaración de principios. Después de todo, Sarmiento dedicó buena parte de su vida a defender la educación pública, la formación ciudadana y el valor de las instituciones. Difícil encontrar una imagen más apropiada para una fecha dedicada a los libros.
Sin embargo, apenas veinticuatro horas después, otro documento oficial ocupó menos espacio en las redes sociales pero bastante más en la arquitectura institucional argentina. Mediante un nuevo decreto, el Gobierno eliminó diversos mecanismos de transparencia y participación ciudadana en el proceso de selección de candidatos para la Corte Suprema y otros cargos relevantes del sistema judicial.
La explicación oficial habla de modernización, simplificación administrativa y eliminación de trámites considerados redundantes. Según ese criterio, buena parte de los controles previos resultaría innecesaria porque la aprobación final corresponde al Senado. La lógica parece sencilla: si existe una instancia parlamentaria, ¿para qué mantener otras?
Pero precisamente allí aparece el debate. El decreto 222 de 2003 había sido concebido para abrir una ventana de observación pública sobre nombramientos que históricamente se decidían detrás de puertas cerradas. La publicación de antecedentes, la posibilidad de observaciones ciudadanas y la difusión amplia de las postulaciones buscaban aportar transparencia antes de que comenzara la discusión política formal.
Con las nuevas modificaciones, desaparece la obligación de publicar las candidaturas y los antecedentes en diarios de circulación nacional. La información quedará disponible únicamente a través de los canales oficiales del Ministerio de Justicia. Legalmente podrá consultarse; políticamente tendrá una visibilidad mucho menor.
También se elimina la recomendación dirigida al Poder Ejecutivo para considerar criterios de diversidad de género, especialización jurídica y procedencia regional. No se trataba de una obligación jurídica estricta, pero sí de una orientación destinada a reflejar mejor la pluralidad de un país federal y complejo.
El alcance del cambio tampoco se limita a la Corte Suprema. Los nuevos criterios impactarán sobre la designación del Procurador General, del Defensor General de la Nación y de los magistrados de tribunales federales inferiores. Es decir, no se modifica solamente una puerta: se modifica buena parte del edificio.
La historia reciente agrega un matiz incómodo. Desde la creación de aquel sistema en 2003, muy pocos gobiernos intentaron apartarse de él. Mauricio Macri lo hizo inicialmente mediante designaciones por decreto y luego retrocedió para encauzar el procedimiento por los carriles institucionales. Javier Milei ya había tensionado ese esquema con las designaciones en comisión de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Ahora ha decidido directamente reescribir las reglas.
Resulta difícil no advertir la ironía. Un día se exhibe Facundo para recordar el valor de los libros. Al siguiente se elimina parte del procedimiento que permitía a los ciudadanos leer, conocer y opinar sobre quienes aspiran a ocupar los cargos más importantes de la Justicia. Quizás el problema no sea la falta de libros. Tal vez sea que algunos capítulos se leen con entusiasmo y otros se prefieren pasar de largo.
🖋️ Desde este rincón de palabras y memoria pública,
© Pulso Cívico | 2026 – Derechos reservados