Hay personas optimistas por naturaleza. Entre ellas se encuentra nuestra querida Nonna Pecas, convencida de que la Argentina ya dobló la esquina, encontró la salida y ahora camina por un jardín lleno de rosas, jazmines y promesas cumplidas.
La imagen es encantadora. El problema es que, cuando uno se acerca un poco más a la tranquera, descubre que detrás de los canteros aparece algo menos romántico: un enorme Caballo de Troya estacionado en medio del patio estatal.
No se trata de una metáfora exagerada. Según datos oficiales, la administración central enfrenta más de 339.000 demandas judiciales activas. Son conflictos laborales, previsionales, sanitarios, administrativos y económicos que se acumularon durante años y cuya factura final sigue siendo una incógnita.
Lo más llamativo es que nadie sabe exactamente cuánto costarán. Más de la mitad de los expedientes ni siquiera tiene un monto determinado. Es como recibir miles de sobres cerrados sabiendo que todos contienen cuentas por pagar, pero ignorando el importe de cada una.
Las cifras conocidas ya son suficientemente impresionantes. Hay reclamos en pesos, dólares, euros, libras esterlinas e incluso yenes. Parece una colección internacional de problemas reunidos bajo una misma bandera.
La explicación tampoco resulta tranquilizadora. Gran parte de los juicios surge de conflictos repetidos durante décadas: salarios mal liquidados, haberes previsionales discutidos, diferencias laborales, prestaciones médicas y beneficios que un gobierno promete, otro posterga y un tercero termina discutiendo ante los tribunales.
Por eso sería injusto atribuir semejante montaña de expedientes a una sola administración. La mayor parte de estos litigios nació mucho antes de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. Son cicatrices acumuladas por distintos gobiernos, de distintos colores y distintas épocas.
Sin embargo, que el problema sea viejo no significa que haya desaparecido. Al contrario. Los intereses continúan creciendo, los expedientes avanzan lentamente y cada sentencia futura puede transformarse en una nueva obligación para un Estado que ya camina sobre una cuerda fiscal bastante estrecha.
Quizás por eso convenga decirle con cariño a Nonna Pecas que una inflación más baja, un dólar más quieto o algunos indicadores positivos no convierten automáticamente un terreno complicado en un jardín botánico. La economía puede mejorar, pero las deudas ocultas siguen allí esperando turno.
Porque la verdadera pregunta no es si Argentina logró ordenar algunas cuentas. La pregunta es cuántas facturas siguen guardadas en los cajones. Y cuando hablamos de cientos de miles de juicios cuyo costo nadie puede calcular con precisión, hasta el más hermoso jardín merece una inspección antes de organizar la fiesta.
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