La política argentina suele ofrecer espectáculos difíciles de ensayar. A veces, el protagonista sube al escenario convencido de controlar el libreto y termina descubriendo que el resto del elenco ya cambió la obra. Algo de eso ocurrió esta semana en el Senado, donde Javier Milei intentó dejar fuera de carrera a la candidata judicial Verónica Michelli y terminó viendo cómo su pliego era aprobado por amplia mayoría.
La votación fue contundente: 44 votos afirmativos, 18 negativos y dos abstenciones. Entre estas últimas apareció Patricia Bullrich, quien buscó equilibrarse entre la disciplina partidaria y una posición que ya había expresado públicamente. El gesto, sin embargo, no logró ocultar que el oficialismo llegó dividido al recinto y salió aún más expuesto.
La controversia alrededor de Michelli nunca pareció girar exclusivamente sobre sus antecedentes profesionales. La propia Bullrich sostuvo que no corresponde atribuir consecuencias institucionales a una persona por vínculos familiares, en referencia a su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon. La frase dejó flotando una pregunta incómoda sobre las verdaderas razones detrás de la resistencia presidencial.
Otros observadores apuntan hacia otro terreno igualmente sensible: las disputas de poder dentro del universo judicial. Michelli había sido impulsada originalmente durante la administración de Mauricio Macri, un dato que alimentó especulaciones sobre viejas rivalidades y nuevas desconfianzas dentro del ecosistema político que hoy rodea al Gobierno.
Paradójicamente, mientras la Casa Rosada veía frustrado su intento de bloquear un nombramiento específico, el Senado aprobaba en la misma jornada un total de 74 pliegos judiciales. El propio presidente eligió destacar ese dato en las redes sociales, presentándolo como un avance institucional. Fue una manera elegante de celebrar la victoria general sin detenerse demasiado en la derrota particular.
La sesión también dejó al descubierto otro problema más profundo: las tensiones permanentes entre las distintas corrientes libertarias. Durante horas, las listas de candidatos fueron modificándose entre acuerdos, desacuerdos y negociaciones de último minuto. Los nombres entraban y salían mientras crecía la sensación de que nadie terminaba de conducir el proceso.
Las diferencias entre sectores cercanos a Karina Milei, Martín Menem y Santiago Caputo volvieron a aparecer detrás de escena. Lo que en otros tiempos habría sido una discusión técnica sobre designaciones judiciales terminó convertido en una pulseada política donde cada espacio procuró defender sus propios intereses e influencias.
En ese contexto, la figura de Victoria Villarruel volvió a ocupar un lugar incómodo para la Casa Rosada. La vicepresidenta no solo recibió previamente a Michelli en su despacho, sino que también criticó públicamente los cambios permanentes en las listas de candidatos. Su intervención reforzó la percepción de que las diferencias dentro del oficialismo ya no pueden disimularse detrás de comunicados optimistas.
Al final de la jornada, el Senado aprobó los pliegos y el Gobierno se quedó con una fotografía contradictoria. Por un lado, pudo exhibir el avance de decenas de designaciones judiciales largamente demoradas. Por el otro, comprobó que incluso cuando conserva la iniciativa política, no siempre consigue imponer su voluntad. Y en una administración que ha hecho de la autoridad una bandera, pocas derrotas resultan tan visibles como aquella que ocurre delante de todos.
Del lenguaje oficial al idioma de la calle..
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