Denuncian desvío millonario de fondos de Vialidad mientras las rutas nacionales se deterioran y crece el riesgo vial
La denuncia presentada ante la Justicia Federal no habla de pequeños desajustes administrativos ni de expedientes dormidos. Habla de aproximadamente 400.000 millones de pesos que, según la acusación, debían destinarse por ley al mantenimiento y desarrollo vial, pero habrían terminado orbitando alrededor de las necesidades financieras del Tesoro. En otras palabras: el combustible que pagan los argentinos para sostener rutas terminó alimentando otra máquina.
La ironía argentina nunca decepciona. El país que discute productividad, exportaciones y competitividad regional parece haber decidido hacerlo sobre caminos que se desintegran a velocidad crucero. Porque mientras en los discursos oficiales se invoca eficiencia, en muchos tramos nacionales los pozos ya tienen más estabilidad laboral que varios empleados públicos despedidos.
La presentación judicial apunta directamente contra áreas sensibles del Gobierno nacional y describe un cuadro de desinversión que no solo compromete la infraestructura, sino también la seguridad de millones de personas. El deterioro vial no es un problema abstracto de ingenieros con casco amarillo: es el camión que vuelca, el micro que pierde estabilidad o la ambulancia que tarda demasiado en llegar.
El asunto adquiere un tono todavía más áspero cuando los especialistas recuerdan algo elemental: lo que hoy no se invierte en mantenimiento preventivo mañana cuesta hasta diez veces más reconstruirlo. La vieja lógica del “parche después” termina siendo bastante más cara que la conservación racional. Pero en la Argentina pendular, a veces se gobierna mirando la planilla Excel y no el asfalto que pisan los ciudadanos.
A ello se suma la paralización de obras estratégicas y la interrupción de proyectos financiados incluso con créditos internacionales. Traducido al castellano simple: provincias aisladas, corredores productivos degradados y regiones enteras dependiendo de rutas que parecen sobrevivir únicamente gracias a la paciencia divina y a la pericia de los conductores.
La denuncia también describe un clima interno de tensión dentro de Vialidad Nacional. Técnicos desplazados, especialistas empujados hacia la jubilación y estructuras debilitadas en nombre del “achicamiento”. La motosierra administrativa, presentada como símbolo épico de modernización, empieza a dejar detrás una escena menos cinematográfica: oficinas vacías, controles debilitados y organismos que pierden memoria técnica acumulada durante décadas.
Lo más inquietante quizás no sea el deterioro material, sino la naturalización del mismo. Como si convivir con rutas peligrosas fuera parte del folclore nacional. Como si el conductor argentino tuviera que resignarse a esquivar cráteres del mismo modo en que esquiva inflación, impuestos y promesas electorales recicladas.
El Gobierno sostiene que el ajuste era inevitable. Sus críticos responden que una cosa es reducir gasto improductivo y otra muy distinta dejar a la infraestructura nacional librada a la buena de Dios. Entre ambas posiciones aparece la pregunta incómoda: ¿cuánto cuesta realmente el supuesto ahorro cuando el precio final se mide en vidas, accidentes y destrucción patrimonial?
Porque el pavimento también habla. Y cuando las rutas empiezan a romperse en todo el país, quizá no sea solamente el asfalto lo que está cediendo.
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