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Esperanzas de un gobierno inepto que no puede llegar jamás al colmo

Mientras el gobierno de Argentina lidera los esfuerzos para establecer un diálogo con el gobierno de Daniel Ortega, para liberación de opositores en Nicaragua; el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), aprobó por abrumadora mayoría una resolución sobre la situación en Nicaragua, en la que expresa su “grave preocupación” por la falta de reformas electorales. Y condena “las detenciones, la persecución y las arbitrariedades impuestas a los candidatos presidenciales, a las figuras políticas, a los partidos de la oposición y a los medios de comunicación”.

La resolución, según informó la OEA a través de Twitter, fue aprobada con 26 votos a favor, cinco abstenciones y tres votos en contra, incluido el de la propia Nicaragua.

El Consejo ha debatido la crisis nicaragüense a petición de las misiones permanentes de Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay y Perú.

La decisión se tomó durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, el órgano ejecutivo del bloque regional que reúne a sus 34 miembros activos, y se celebró en formato virtual.

Nicaragua, Bolivia, San Vicente y las Granadinas votaron en contra de la resolución, mientras que Argentina, Belice, Dominica, Honduras y México se abstuvieron.

Desde principios de Junio, las autoridades policiales y judiciales nicaragüenses han detenido a 11 opositores, entre ellos cuatro precandidatos a las elecciones presidenciales de Noviembre y disidentes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), liderado por Daniel Ortega.

Para hacer posible estas detenciones, “los jueces están utilizando una ley llamada “para la defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz”.

El artículo 1 de esta legislación prevé la detención por actos perjudiciales relativos a “la incitación a la injerencia extranjera en los asuntos internos, el llamamiento a la intervención militar, la organización de actos y actos de terrorismo y desestabilización con financiación extranjera, el fomento del bloqueo económico y las sanciones contra el Estado”.

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