Donald Trump tiene una conocida afición por los superlativos. Esta vez anunció “el mayor acuerdo petrolero de la historia”. Puede haber grandilocuencia en la frase, pero detrás de ella existe algo suficientemente grande como para no necesitar demasiados adjetivos: Estados Unidos ha alcanzado un acuerdo con Venezuela que involucra 65.000 millones de barriles de reservas petroleras comprobadas.
Traduzcamos semejante montaña de números al idioma del ciudadano de a pie.
Venezuela posee aproximadamente 303.000 millones de barriles de reservas, las mayores del planeta. El acuerdo anunciado compromete, por tanto, alrededor de una quinta parte de ese inmenso patrimonio petrolero. No significa que mañana 65.000 millones de barriles embarquen rumbo a Texas. Significa que una porción extraordinaria de las reservas venezolanas queda incorporada a un esquema de explotación en el cual Estados Unidos tendrá una posición dominante.
Según la información conocida hasta ahora, el mecanismo giraría alrededor de una nueva operación empresarial y Washington tendría derecho efectivo sobre aproximadamente el 55% de la producción vinculada al proyecto. El desarrollo comprendería 17 campos petroleros y Caracas calcula inversiones superiores a los 100.000 millones de dólares.
Ahí aparece la primera diferencia importante entre tener petróleo y controlar petróleo.
El subsuelo venezolano no ha sido trasladado a Estados Unidos. Venezuela continúa siendo el país propietario del recurso conforme a su ordenamiento. Pero si otra parte dispone de la mayoría efectiva dentro de la estructura encargada de explotarlo, comercializarlo o decidir sobre su producción, la cuestión de la soberanía deja de ser solamente geográfica. Una cosa es ser dueño del pozo; otra, tener la mano sobre la válvula.
¿Por qué Estados Unidos quiere semejante acuerdo?
Porque el petróleo no sirve solamente para llenar el tanque del automóvil. Es precio de transporte, costo industrial, inflación, defensa, aviación, agricultura y poder internacional. Además, Washington necesita reforzar su seguridad energética en un momento especialmente delicado después de haber utilizado reservas estratégicas para amortiguar las consecuencias de la crisis de Hormuz. Trump sostiene además que el aumento de disponibilidad permitirá reducir el precio de los combustibles estadounidenses.
Para Venezuela la ecuación es diferente.
Tiene petróleo de sobra, pero durante años ha carecido del capital, la tecnología, la infraestructura y la estabilidad necesarias para convertir todo ese patrimonio subterráneo en riqueza efectiva. Refinerías deterioradas, sanciones, falta de inversión y una industria golpeada han demostrado una verdad incómoda: sentarse encima de una fortuna no significa disponer de ella.
El gobierno de Delcy Rodríguez apuesta precisamente a eso. Presenta el acuerdo como instrumento para reconstruir el sector, atraer más de 100.000 millones de dólares de inversiones y obtener más de 200.000 millones en ingresos fiscales a lo largo del proyecto.
Hasta aquí, el negocio.
Ahora viene la política.
Durante décadas, buena parte del discurso chavista convirtió el petróleo en símbolo máximo de soberanía nacional y denunció cualquier injerencia estadounidense sobre los recursos venezolanos. Resulta difícil ignorar entonces la paradoja: después de años gritando “el petróleo es nuestro”, Caracas abre la puerta a una estructura en la cual Washington tendría la posición predominante sobre una gigantesca porción de su explotación futura.
Eso no demuestra automáticamente que el acuerdo sea malo para Venezuela. Tampoco demuestra que sea bueno.
Demuestra que merece algo bastante menos espectacular que los anuncios presidenciales y bastante más aburrido: leer la letra pequeña.
Todavía existen interrogantes fundamentales. No se conoce públicamente con suficiente detalle toda la arquitectura jurídica y financiera del acuerdo; tampoco está completamente aclarado el papel que tendrá PDVSA dentro de la nueva estructura ni cómo se distribuirán exactamente riesgos, inversiones, beneficios y capacidad de decisión. Incluso informaciones aparecidas posteriormente sobre la participación estadounidense muestran que la ingeniería empresarial puede ser bastante más compleja que el titular político.
Y existe una cuestión todavía mayor.
Si el acuerdo efectivamente concede derechos de explotación extraordinariamente prolongados, Venezuela no está negociando solamente petróleo para el próximo invierno. Está tomando decisiones cuyos efectos podrían alcanzar generaciones que todavía no han nacido.
Por eso conviene separar tres palabras que suelen mezclarse: propiedad, explotación y control.
Venezuela puede conservar jurídicamente la propiedad del petróleo. Una empresa puede recibir el derecho de explotarlo. Y Estados Unidos puede obtener una posición suficientemente fuerte dentro de esa estructura como para controlar buena parte de las decisiones y de la producción.
No son exactamente la misma cosa.
Para Washington, el beneficio estratégico resulta evidente: más petróleo disponible, menor vulnerabilidad energética y una extraordinaria posición dentro del país que posee las mayores reservas conocidas del planeta. Para Caracas, la esperanza es transformar petróleo inmóvil bajo tierra en inversión, producción, empleo e ingresos.
La pregunta que queda abierta es quién habrá negociado mejor.
Porque los acuerdos petroleros pueden medirse en barriles, dólares y porcentajes.
Pero cuando comprometen durante décadas los recursos naturales de una nación, existe otra unidad de medida.
Se llama soberanía.
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