Hay una antigua costumbre del poder que consiste en dividir el mundo entre quienes preguntan correctamente y quienes preguntan demasiado.
Los primeros son bienvenidos. Los segundos molestan.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, acaba de poner el asunto nuevamente sobre la mesa al advertir que los ataques sistemáticos del presidente Javier Milei contra periodistas pueden producir algo bastante más serio que una colección de insultos: autocensura.
El argumento merece atención, pero también alguna precisión.
Un presidente tiene derecho a considerar que un periodista miente. Puede desmentirlo, exhibir documentos, corregir cifras, responderle públicamente e incluso recurrir a la Justicia cuando considere vulnerados sus derechos.
Lo que resulta bastante más delicado es que desde la cúspide del Estado se instale la idea de que determinadas preguntas, determinados periodistas o determinados medios merecen castigo, exclusión o escarnio.
Porque allí cambia la naturaleza del asunto.
Ya no estamos discutiendo si un periodista fue impertinente. Estamos discutiendo cuánto debe agradarle al poder quien tiene la obligación profesional de incomodarlo.
Y no debería agradarle demasiado.
Naturalmente, sería bastante cómodo para nuestra profesión presentarse ahora como una congregación de inocentes perseguidos. No lo somos.
El periodismo argentino también ha cometido excesos. Ha confundido información con militancia, sospecha con prueba, primicia con sentencia y micrófono con tribunal. Hubo periodistas agresivos, operaciones disfrazadas de noticias y preguntas formuladas menos para obtener una respuesta que para fabricar un espectáculo.
Todo eso merece crítica.
Pero precisamente allí aparece la diferencia fundamental: el periodista puede tener poder; el Presidente tiene el poder del Estado.
No son magnitudes equivalentes.
Cuando un periodista se equivoca, corresponde exigirle rectificación, pruebas y responsabilidad. Cuando un gobierno se equivoca en su relación con la prensa, puede terminar afectando algo que pertenece también a quienes jamás pisaron una redacción: el derecho ciudadano a saber.
Belski menciona insultos, denuncias judiciales, restricciones de acceso y nuevas reglas de acreditación. Cada episodio puede y debe analizarse individualmente. No todo desacuerdo con un periodista constituye censura, del mismo modo que no toda crítica periodística constituye una conspiración.
Conviene evitar las palabras enormes cuando todavía alcanzan las palabras precisas.
Pero también conviene observar la acumulación.
Porque la libertad de prensa rara vez desaparece de golpe. No suele haber una mañana en la que alguien coloque un cartel diciendo: “Desde hoy queda prohibido preguntar”.
El mecanismo puede ser mucho más sencillo.
Primero se ridiculiza al periodista.
Después se lo convierte en enemigo.
Más tarde se establece que no informa: opera.
Luego alguien decide que, puesto que opera, quizá no corresponda acreditarlo.
Y finalmente aparece una solución extraordinariamente práctica:
invitarlo una sola vez.
La próxima conferencia será más tranquila.
La siguiente, todavía más.
Hasta que algún día todas las preguntas resulten agradables y el Gobierno pueda felicitarse por haber conseguido, finalmente, un periodismo impecablemente educado.
Será también un periodismo perfectamente inútil.
La democracia necesita periodistas responsables, sí. Periodistas que verifiquen antes de acusar, que rectifiquen cuando se equivocan y que no utilicen su oficio como licencia para difamar.
Pero necesita otra cosa todavía más importante: gobernantes capaces de soportarlos.
Incluso cuando preguntan mal.
Incluso cuando son injustos.
Incluso cuando fastidian.
Porque una conferencia de prensa no es una cena en casa.
Y al periodista no se lo invita.
Se lo acredita.
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