Hay palabras que en política parecen condenadas al exilio hasta que alguien descubre que todavía sirven.
Durante años, “justicia social” fue presentada por buena parte del universo libertario como una expresión sospechosa, asociada al intervencionismo estatal, al peronismo y a todo aquello que el nuevo oficialismo prometía dejar atrás.
Pero esta semana ocurrió algo curioso.
Luis Caputo, ministro de Economía del Gobierno de Javier Milei, recurrió precisamente a esas dos palabras para explicar por qué considera prioritarios los nuevos créditos hipotecarios.
Según Caputo, que una persona con trabajo pueda acceder a una vivienda sin necesitar treinta o cuarenta años para reunir el dinero necesario “hace a la justicia social”.
Y tiene razón en algo esencial.
Pocas aspiraciones pueden resultar más razonables que permitir que el trabajo abra la puerta de una casa propia.
La curiosidad no está, entonces, en la definición.
Está en descubrir que aquello que ayer parecía formar parte del museo de los conceptos indeseables hoy puede regresar al vocabulario oficial cuando resulta útil para explicar una política pública.
No sería grave. Las sociedades evolucionan y los gobiernos también pueden hacerlo. Rectificar ideas no constituye un pecado político. Incluso puede ser una virtud.
El problema comienza cuando las palabras cambian de significado según quién necesite pronunciarlas.
Porque mientras Caputo recuperaba la justicia social para hablar de vivienda, la Cámara de Diputados daba media sanción a modificaciones de la denominada Ley de Inocencia Fiscal.
La reforma elimina los límites de ingresos y patrimonio que condicionaban el acceso al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias y mantiene, aunque redefine, las posibilidades de fiscalización del organismo recaudador.
El oficialismo sostiene que se trata de devolver confianza al contribuyente y reconocer una realidad argentina conocida: durante décadas de inflación, controles y desconfianza monetaria, numerosos ciudadanos buscaron proteger sus ahorros fuera de los circuitos habituales.
El argumento merece ser escuchado.
No todo dólar guardado fuera del sistema financiero convierte automáticamente a su propietario en delincuente. Confundir ahorro informal con delito sería tan simplista como presumir que todo patrimonio oculto proviene del esfuerzo honesto.
Precisamente allí comienza el terreno incómodo.
Porque una legislación que proclama la presunción de inocencia fiscal necesita, más que ninguna otra, reglas capaces de distinguir al pequeño ahorrista del evasor profesional, el dinero legítimo del patrimonio inexplicable y la protección del contribuyente de la indulgencia frente a quienes tuvieron mejores posibilidades de cumplir y decidieron no hacerlo.
Y es aquí donde corresponde formular una pregunta bastante más amplia:
¿Dónde empieza y dónde termina la justicia social?
¿Está solamente en facilitar una hipoteca a quien trabaja?
¿También está en conceder instrumentos para que quienes mantuvieron patrimonio fuera del sistema puedan regularizar su situación?
Probablemente una sociedad razonable necesite ambas cosas: crédito para quien produce y trabaja, y mecanismos sensatos para reincorporar capitales legítimos a la economía formal.
Pero necesita una tercera condición, mucho menos cómoda:
la misma vara.
Porque la justicia social pierde bastante de su justicia cuando las obligaciones son severas para algunos y comprensivas para otros.
El jubilado que paga IVA cuando compra un litro de leche no dispone de demasiadas sofisticaciones fiscales. El asalariado recibe buena parte de sus ingresos y obligaciones perfectamente registrados. La pequeña empresa difícilmente pueda esconder durante años su consumo eléctrico, sus empleados, sus proveedores o su facturación sin exponerse a las consecuencias.
Por eso, cuando el Estado decide ser comprensivo con el patrimonio que permaneció fuera de sus radares, tiene la obligación política —además de fiscal— de explicar con absoluta claridad a quién está protegiendo, por qué y bajo qué controles.
No alcanza con bautizar una ley como Inocencia Fiscal.
Tampoco alcanza con pronunciar justicia social.
Los nombres de las leyes y las palabras de los ministros no producen justicia por generación espontánea.
La justicia aparece cuando dos ciudadanos que se encuentran en situaciones equivalentes reciben un trato equivalente.
Quizás el episodio deje una enseñanza inesperada.
Después de tantas batallas ideológicas, el Gobierno que llegó dispuesto a jubilar buena parte del diccionario político argentino acaba de descubrir que algunas palabras todavía resultan útiles.
Bienvenida sea justicia social nuevamente al vocabulario oficial.
Ahora falta la parte difícil:
aplicarla también cuando no conviene pronunciarla.
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