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La verdad por decreto

Hay palabras que, pronunciadas desde el poder, pesan más que cuando se dicen en la mesa de un café.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reclamó una ley que castigue a periodistas que publiquen información “inexacta”. El presidente Javier Milei respaldó inmediatamente la idea y acompañó el planteo con una nueva andanada de insultos contra trabajadores de prensa.

Conviene separar las cosas.

Un periodista no posee licencia para mentir. Tampoco un médico, un juez, un ministro, un diputado, un empresario ni —pequeño detalle republicano— un Presidente.

La libertad de prensa no convierte la falsedad deliberada en virtud. Existen responsabilidades profesionales, civiles y, dentro de los límites establecidos por la legislación, jurídicas. Una información equivocada puede rectificarse; una acusación falsa puede discutirse ante los tribunales; un daño demostrado puede generar consecuencias.

Hasta aquí, ninguna novedad.

La cuestión cambia cuando desde el propio Gobierno se propone crear una ley destinada a castigar la publicación de información “inexacta”.

Porque entonces aparece una pregunta bastante más incómoda:

¿Quién determina la exactitud?

¿El periodista?
¿El funcionario mencionado?
¿Un organismo administrativo?
¿Un juez?
¿El Presidente?
¿El Ministerio de la Verdad, si algún día alguien tiene la ocurrencia de inaugurar uno?

La legislación argentina ya contempla las figuras de calumnia e injuria y, después de la reforma de 2009, establece además excepciones particularmente importantes cuando las expresiones están relacionadas con asuntos de interés público.

No parece, por lo tanto, que la República se encuentre jurídicamente indefensa frente a una calumnia.

Lo verdaderamente peligroso sería avanzar hacia otra cosa: convertir una discrepancia informativa, una investigación incómoda o incluso un error periodístico en materia susceptible de castigo estatal simplemente porque el funcionario afectado considera que aquello publicado es “inexacto”.

La palabra parece inocente.

No lo es.

Una noticia puede resultar incompleta hoy y confirmarse mañana. Una investigación puede comenzar con indicios y terminar con documentos. Una fuente puede equivocarse. Un funcionario puede negar categóricamente algo que después resulta verdadero. Y también, naturalmente, un periodista puede cometer un error.

Para eso existen la rectificación, el derecho a réplica, la discusión pública y la Justicia.

Lo que no debería existir en una democracia es la verdad por decreto.

Mucho menos cuando el reclamo de castigo viene acompañado por expresiones presidenciales que llaman reiteradamente “mierdas humanas” a periodistas. Allí desaparece incluso la paradoja: se pretende elevar el rigor sobre la palabra ajena mientras se rebaja hasta el subsuelo el rigor de la palabra propia.

Curiosa vara.

El poder reclama precisión legislativa a quienes lo observan, mientras se concede a sí mismo licencia para insultar con una motosierra.

Y ése es precisamente el punto que trasciende a Milei, a Caputo y hasta al periodismo.

La libertad de expresión no fue concebida para proteger únicamente aquello que resulta correcto, agradable o conveniente. Si así fuera, no necesitaría protección alguna. Existe precisamente para resguardar la posibilidad de preguntar, investigar, disentir, equivocarse, rectificar y volver a preguntar.

Los periodistas deben responder por aquello que publican.

Por supuesto.

Pero los funcionarios también deben responder por aquello que hacen.

Y entre ambos se encuentra una institución bastante antigua, imperfecta y molesta llamada prensa libre.

Una democracia puede sobrevivir a una noticia equivocada.

Puede corregirla.

Lo que difícilmente pueda corregirse después es la costumbre de que sea el poder quien decida cuáles noticias tienen derecho a existir.

Porque las mordazas modernas rara vez llegan anunciándose como mordazas.

Generalmente vienen envueltas en palabras mucho más presentables:

orden, responsabilidad, exactitud.

Hasta que un buen día descubrimos que la única información considerada exacta es aquella que coincide con la versión oficial.

Y para entonces ya no hace falta discutir sobre periodismo.

Habrá nacido otra cosa.

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