Hay estadísticas que necesitan una calculadora. Otras apenas necesitan una heladera, una factura de luz y los últimos días del me
La Argentina está empezando a convivir con una paradoja incómoda: tener trabajo ya no significa necesariamente tener seguridad económica. Puede haber ocupación y, al mismo tiempo, precariedad. Puede no aumentar dramáticamente el desempleo y, sin embargo, deteriorarse la calidad del empleo hasta convertir la estabilidad en un recuerdo.
Según el informe del Instituto Argentina Grande elaborado sobre datos oficiales de la Encuesta Permanente de Hogares, durante los dos años y medio de gobierno de Javier Milei más de 350.000 personas pasaron a desempeñarse en trabajos precarios, mientras desaparecieron puestos formales tanto en el sector público como en el privado.
El dato merece atención porque modifica la fotografía.
Una persona que perdió un empleo registrado y comenzó a hacer changas sigue apareciendo como ocupada. Estadísticamente tiene trabajo. Pero perdió aportes jubilatorios, obra social, previsibilidad salarial, vacaciones, indemnización y, sobre todo, la posibilidad de saber aproximadamente cuánto dinero tendrá el mes siguiente.
No desapareció del mercado laboral. Descendió un escalón dentro de él.
Y ahí comienza la segunda parte de la historia.
Cuando el ingreso pierde estabilidad pero las cuentas continúan llegando con puntualidad suiza, la diferencia se cubre como se puede: tarjeta, préstamo personal, billetera virtual, financiación, refinanciación y, finalmente, crédito para pagar crédito.
La deuda deja entonces de financiar una compra extraordinaria y comienza a financiar la vida ordinaria.
Según los datos citados del Banco Central, la mora de las familias en el sistema bancario alcanzó el 12,8 por ciento en mayo de 2026. En los proveedores no financieros, el deterioro sería todavía mayor: la irregularidad rozaría el 28,7 por ciento, con cifras particularmente elevadas en préstamos personales.
Son dos fotografías distintas que, colocadas una junto a la otra, forman una sola escena.
De un lado, empleo más precario. Del otro, familias más endeudadas.
Sería intelectualmente cómodo atribuir toda morosidad a consumidores irresponsables. Naturalmente existen quienes gastan más de lo que pueden pagar, como existieron siempre. Pero cuando el fenómeno alcanza a millones de personas, deja de resultar suficiente la explicación moral.
Se convierte en una cuestión económica.
El presidente Milei eligió otra interpretación y vinculó parte del aumento de la mora con la compra de televisores durante el Mundial. La frase puede funcionar ante un auditorio dispuesto a celebrar la provocación. Explica bastante menos cuando llega la hora de mirar las cuentas domésticas.
Porque difícilmente millones de hogares hayan decidido simultáneamente comprarse un televisor que no podían pagar.
Resulta más razonable preguntarse cuánto pesa la pérdida del poder adquisitivo, cuánto las tasas de interés, cuánto la precarización laboral y cuánto la necesidad de financiar gastos que antes podían pagarse con el ingreso corriente.
La oposición intentará llevar precisamente esa discusión al Congreso. Unión por la Patria y otros bloques analizan emplazar comisiones para tratar proyectos destinados a reestructurar deudas familiares. Una de las iniciativas, presentada por Itai Hagman y Natalia Zaracho, propone que el costo no recaiga sobre el Estado sino que obligue a acreedores y deudores a renegociar condiciones consideradas abusivas.
La propuesta merece debate. Y mucho.
Porque proteger al deudor no debería significar consagrar el derecho a no pagar, del mismo modo que defender el crédito no debería convertir cualquier tasa en legítima por el simple hecho de haber sido aceptada en una pantalla.
El crédito necesita responsabilidad de ambos lados del mostrador.
Pero existe otro dato especialmente áspero: la precarización golpea con mayor intensidad a los jóvenes. Según el informe citado, entre ellos el trabajo sin derechos laborales habría pasado del 53 por ciento en 2024 al 62 por ciento en 2026.
Una generación que debería estar acumulando experiencia, ahorro y proyectos comienza acumulando incertidumbre.
Y todavía queda una imagen más.
También aumenta la cantidad de personas en edad jubilatoria que permanecen o regresan al mercado laboral. Algunos lo harán porque desean mantenerse activos. Otros, sencillamente, porque la jubilación no alcanza.
Cuando un joven entra al mercado laboral sin protección y un jubilado debe regresar a él para completar sus ingresos, conviene evitar las celebraciones apresuradas sobre la cantidad de personas “ocupadas”.
No toda ocupación representa progreso. A veces representa necesidad.
El Gobierno tiene derecho a defender su programa económico y a señalar los desequilibrios que recibió. También puede argumentar que estabilizar una economía profundamente dañada exige costos y tiempo.
Pero gobernar supone además observar qué sucede durante ese tiempo.
Porque detrás de cada décima de una estadística existe una economía doméstica. Y la economía doméstica tiene una particularidad que ningún discurso puede modificar: vence todos los meses.
Alquiler. Alimentos. Luz. Gas. Transporte. Medicamentos. Tarjeta.
Una economía puede mostrar orden en determinadas variables macroeconómicas y, simultáneamente, conservar un desorden profundo en la mesa familiar. Ambas cosas pueden ser ciertas.
La cuestión política —y también moral— consiste en determinar durante cuánto tiempo.
Porque una sociedad no puede considerar normal que trabajar alcance solamente para sobrevivir, que endeudarse sea necesario para completar el salario y que la changa termine convertida en horizonte laboral.
La changa siempre existió en la Argentina.
Lo preocupante sería que dejara de ser una salida de emergencia para convertirse en modelo de vida.
Y entonces quizá descubramos que el verdadero problema nunca fue solamente cuántos argentinos tenían trabajo.
Era qué clase de vida podían construir trabajando.
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