Jueves 2 de julio de 2026
Mientras el Gobierno presenta un ambicioso paquete de reformas para discutir en el Congreso, otra agenda avanza por un carril mucho menos confortable. No habla de leyes, ni de reformas institucionales, ni de equilibrio fiscal. Habla de explicaciones pendientes. Y esas suelen ser bastante más difíciles de aprobar que cualquier proyecto parlamentario.
Existe un viejo refrán que sobrevive precisamente porque nunca perdió actualidad: cuando el río suena, algo lleva. No siempre arrastra aquello que muchos imaginan. A veces transporta apenas rumores. Otras veces conduce pruebas. Precisamente por eso las democracias inventaron fiscales, jueces y procedimientos: para distinguir el barro de las piedras.
El problema aparece cuando las preguntas comienzan a multiplicarse más rápido que las respuestas. Entonces la sospecha deja de ser patrimonio de la oposición y empieza a instalarse en la conversación cotidiana. Allí es donde la política suele perder una batalla silenciosa: la de la confianza.
Las investigaciones que rodean al exfuncionario Manuel Adorni deberán seguir el camino que corresponda en la Justicia, respetando plenamente la presunción de inocencia. Sin embargo, los testimonios conocidos, las compras realizadas mediante terceros, los pagos en efectivo y las inconsistencias patrimoniales que hoy se investigan componen un cuadro que inevitablemente genera inquietud pública. Y la inquietud también forma parte de la realidad política.
Paradójicamente, este gobierno llegó prometiendo exactamente lo contrario. Su principal bandera fue terminar con los privilegios, combatir los viejos mecanismos de la política y administrar los recursos públicos con total transparencia . Por eso mismo, cualquier sombra termina proyectándose con mucha mayor intensidad sobre quien hizo de la transparencia una bandera.
Mientras tanto, el Congreso recibe proyectos para reformar la política, modificar subsidios, introducir cambios tributarios y hasta redefinir el funcionamiento del Banco Central. Son iniciativas importantes. Pero existe una ley no escrita que ningún parlamento puede modificar: cuando la confianza comienza a deteriorarse, incluso las mejores reformas pierden capacidad de convencer.
En estos casos tampoco ayudan las descalificaciones permanentes hacia periodistas, jueces o ciudadanos que preguntan. En una república, las preguntas incómodas no constituyen un delito. Muchas veces son precisamente el mecanismo que permite fortalecer las instituciones. Confundir control con conspiración suele ser una tentación frecuente del poder, cualquiera sea el signo político que lo ejerza.
Quizá el desafío más complejo para cualquier gobierno no consista únicamente en administrar la economía. También debe administrar su propio capital moral. Ese patrimonio no figura en ninguna declaración jurada, no cotiza en los mercados y no puede financiarse con deuda. Se construye lentamente y puede evaporarse en cuestión de semanas.
Porque las reformas pueden escribirse en un proyecto de ley. La confianza, en cambio, se redacta todos los días con los hechos. Y cuando los hechos dejan demasiados interrogantes abiertos, el ruido del río termina escuchándose mucho más fuerte que el discurso pronunciado desde la orilla.
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