La escena no es nueva, pero el tono ha subido varios decibeles. Intendentes de todo el país, reunidos bajo el paraguas de la FAM, dejaron de hablar en voz baja y comenzaron a preparar una denuncia formal contra el ministro de Economía, Luis Caputo. El motivo: la presunta retención y redirección de fondos públicos que, por ley, deberían destinarse a infraestructura.
El eje del conflicto gira en torno al impuesto a los combustibles, una caja sensible que no solo impacta en el bolsillo del ciudadano, sino también en la calidad de rutas y obras viales. Según los jefes comunales, una parte sustancial de esos recursos no estaría llegando a destino. Y cuando el asfalto no aparece, las preguntas empiezan a incomodar.
La legislación vigente no deja demasiado margen para interpretaciones creativas. El esquema de asignación de esos fondos está claramente delimitado: una porción significativa debe alimentar el fideicomiso de infraestructura de transporte, con foco prioritario en obras viales. Sin embargo, los intendentes sostienen que la ejecución real dista de ese mandato.
Los números, en este caso, no son una abstracción técnica sino una acusación concreta. De los 3,5 billones recaudados el año pasado, la diferencia entre lo que debería haberse transferido y lo efectivamente girado abre un agujero difícil de justificar. Más de un billón de pesos que, según la FAM, habría tomado otro rumbo.
Ese “otro rumbo” es el corazón político del conflicto. Los intendentes denuncian que los fondos estarían siendo absorbidos por el circuito financiero: bonos, operaciones cambiarias, mecanismos de corto plazo que privilegian la estabilidad macro sobre la inversión tangible. Traducido al lenguaje llano: menos rutas, más ingeniería financiera.
En paralelo, el Gobierno guarda silencio o responde con generalidades. La estrategia parece ser ganar tiempo, mientras la presión territorial crece. Porque detrás de cada intendente hay vecinos, y detrás de cada vecino, caminos deteriorados, obras frenadas y promesas suspendidas.
La amenaza judicial no es menor. Hablar de malversación de caudales públicos implica cruzar una línea delicada, donde la discusión deja de ser política y entra en el terreno penal. Y en ese terreno, las explicaciones técnicas suelen tener menos margen para la ambigüedad.
En la Casa Rosada, según trascendidos, el tema ya no pasa desapercibido. La posibilidad de que tribunales federales comiencen a mirar con lupa estos movimientos agrega un elemento de incertidumbre que el Gobierno difícilmente pueda administrar solo con discurso.
Al final del día, la disputa revela algo más profundo que un desacuerdo contable. Es la vieja tensión entre caja y territorio, entre equilibrio financiero y necesidad concreta. Cuando esa tensión se desborda, ya no se discute solo dinero: se discute poder, prioridades y, sobre todo, quién paga el costo de las decisiones.
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