Hay defensas que no absuelven: apenas rebajan la vara. La explicación del presidente Javier Milei sobre los créditos otorgados desde el Banco de la Nación Argentina a funcionarios de su entorno no niega el hecho, sino que lo reencuadra en una lógica más estrecha: si no hubo daño físico ni privación de libertad, entonces no hay problema.
El razonamiento, pulcro en su forma y pobre en su alcance, desplaza la discusión desde lo público hacia lo penal más elemental. Como si la ética del Estado pudiera medirse únicamente por la ausencia de delitos graves. Como si la integridad institucional fuera una cuestión de mínimos biológicos y no de máximos republicanos.
La escena no es menor. Funcionarios y legisladores vinculados a la propia administración acceden a créditos de una entidad pública en condiciones que, cuanto menos, invitan a preguntar. No necesariamente a condenar, pero sí a explicar con mayor profundidad que un silogismo de manual.
El propio Presidente eligió una vara curiosa: “¿mató a alguien?” “¿alguien perdió su libertad?”. Bajo ese prisma, casi todo cabe. La política, reducida a un código penal de emergencia, queda eximida de responder por aquello que no tipifica, aunque incomode.
El problema no es jurídico, sino simbólico. El Banco Central de la República Argentina no publica nombres para alimentar el morbo, sino para sostener la transparencia. Y la transparencia, cuando señala a quienes toman decisiones públicas, exige algo más que una defensa de laboratorio.
En este punto, la salida de Leandro Massaccesi —empujada por la ministra Sandra Pettovello— revela una tensión que el discurso presidencial no logra disipar. Si no hay irregularidad, ¿por qué la renuncia? Si todo está dentro de los valores, ¿qué valor se protege al apartarlo?
El listado que incluye nombres como Pedro Inchauspe, Felipe Núñez o Federico Furiase no configura, por sí solo, un escándalo. Pero sí un espejo. Y los espejos, en política, suelen incomodar más que las acusaciones.
Hay una diferencia sutil —y decisiva— entre lo permitido y lo adecuado. Gobernar no es solo evitar el delito, sino evitar la sospecha razonable. Porque la confianza pública no se sostiene en tecnicismos, sino en percepciones de equidad.
La defensa presidencial, al reducir la moral a un umbral tan bajo, corre el riesgo de convertir lo excepcional en trivial. Y en ese terreno, la política pierde espesor, aunque conserve argumentos.
No todo lo que no mata, mejora. A veces, simplemente desgasta.
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