El dólar cotiza en la Bolsa Cocalera

Bolivia atraviesa una de las etapas más delicadas de los últimos años. Las carreteras bloqueadas, los enfrentamientos en distintas regiones y una inflación que golpea los bolsillos han convertido al país en un escenario donde la economía y la política se mezclan con una intensidad poco habitual. Lo que comenzó como una protesta contra el costo de vida terminó transformándose en una crisis que pone a prueba la autoridad del presidente Rodrigo Paz.

El mandatario llegó al poder prometiendo corregir los desequilibrios acumulados durante décadas. Su receta fue clara: abrir la economía, reducir la intervención estatal y desmontar subsidios que consumían recursos públicos. Sobre el papel, la propuesta parecía responder a los manuales clásicos de estabilización económica. En la práctica, el impacto fue inmediato sobre los precios.

La eliminación de los subsidios a los combustibles encareció el transporte, elevó los costos de producción y terminó trasladándose a los productos de consumo diario. Para millones de bolivianos, la inflación dejó de ser una estadística para convertirse en una preocupación cotidiana. Allí comenzó a resquebrajarse la luna de miel entre el nuevo gobierno y una parte importante de la población.

Las manifestaciones se multiplicaron desde el altiplano hasta las tierras bajas. En San Julián, uno de los focos más tensos del conflicto, las fuerzas antidisturbios utilizaron gases lacrimógenos para despejar carreteras bloqueadas. Las imágenes de vehículos policiales avanzando entre columnas de humo reflejan un país cada vez más polarizado.

Pero el Gobierno sostiene que detrás de algunas protestas existe algo más que malestar social. Rodrigo Paz denunció la presencia de grupos armados vinculados al narcotráfico y aseguró que sectores organizados buscan desestabilizar al Estado mediante la violencia. Sus declaraciones elevaron aún más la temperatura política de una crisis que ya era compleja.

El mandatario apuntó además contra el expresidente Evo Morales, a quien acusó de alentar la resistencia en algunas zonas conflictivas. La denuncia profundiza una fractura política que atraviesa al país desde hace años y que ahora vuelve a emerger bajo nuevas formas. En Bolivia, las disputas del pasado rara vez permanecen enterradas por mucho tiempo.

Washington observa la situación con atención. La administración de Donald Trump reafirmó públicamente su respaldo al gobierno boliviano y anunció asistencia adicional. Tanto el secretario de Estado, Marco Rubio, como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtieron sobre la influencia del narcotráfico en la región y defendieron la legitimidad institucional de Paz.

El apoyo estadounidense no es casual. Bolivia ocupa un lugar sensible dentro del mapa regional de producción de coca y de las rutas asociadas al narcotráfico. Para la Casa Blanca, la estabilidad del actual gobierno forma parte de una estrategia más amplia destinada a fortalecer aliados y contener organizaciones criminales en América del Sur.

Sin embargo, los mercados no votan y las familias tampoco viven de declaraciones diplomáticas. El verdadero examen para Rodrigo Paz continúa siendo el mismo que enfrentan todos los gobiernos: lograr que las reformas económicas produzcan resultados antes de que la paciencia social se agote. Cuando el precio del combustible sube más rápido que los salarios, la teoría suele perder terreno frente al enojo.

Hoy Bolivia parece debatirse entre dos amenazas. Por un lado, una inflación que erosiona el poder adquisitivo. Por el otro, la posibilidad de que grupos violentos aprovechen el descontento para ganar espacio. En medio de ambos frentes, el Gobierno intenta sostener el rumbo. Porque en tiempos de incertidumbre, el valor del dólar puede medirse en los mercados, pero la estabilidad de una nación suele cotizarse en las calles.

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