Por B Stange
El caso del juez Sebastián Sarmiento ya no admite lecturas superficiales. Con la información completa sobre la mesa, lo que aparece no es sólo una decisión judicial discutible, sino una radiografía más amplia del funcionamiento del poder en la provincia de Mendoza.
El magistrado no fue absuelto. Tampoco fue encontrado “dudoso”. Se declaró culpable. Aceptó cinco hechos de mal desempeño y desorden de conducta vinculados a decisiones que terminaron en delitos graves cometidos por personas que él mismo había liberado.
Entre esos casos hay nombres y tragedias concretas. Un ex policía asesinado por un reincidente liberado de forma anticipada. Un condenado por homicidio que volvió a matar. Un abusador que, tras salir antes de tiempo, atacó a una menor. No son discusiones teóricas: son consecuencias.
Frente a ese cuadro, el proceso avanzaba hacia una destitución que parecía difícil de evitar. Sin embargo, en el umbral del juicio político, apareció la salida conocida: el juicio abreviado. El juez reconoce su responsabilidad, la acusación acepta, y el sistema redefine el final.
El resultado es una sanción intermedia: seis meses sin sueldo, devolución de haberes y la posibilidad concreta de volver a ejercer en pocas semanas. No hay expulsión, no hay cierre definitivo de carrera. Hay continuidad.
Aquí es donde el contexto mendocino deja de ser un detalle y pasa a ser clave. El Jury no es un órgano aislado: está compuesto por jueces de la Corte y legisladores. Y en este caso, las divisiones internas en la propia Corte y el peso político de la mayoría legislativa fueron parte del escenario desde el inicio.
El proceso, que prometía exponer tensiones profundas entre el Poder Judicial y el Ejecutivo —con el gobernador Alfredo Cornejo cuestionando abiertamente al magistrado— terminó descomprimido. No hubo choque frontal. Hubo acuerdo.
Ese acuerdo permitió algo más que resolver un caso. Permitió evitar una fractura interna en el sistema judicial, contener el conflicto político y cerrar un expediente incómodo sin llevarlo hasta sus últimas consecuencias.
La unanimidad final del Jury —21 votos— no expresa necesariamente consenso moral, sino alineamiento institucional. Cuando todos los sectores confluyen en una salida que evita el costo mayor, el mensaje hacia afuera se vuelve más ambiguo que claro.
Mientras tanto, las víctimas hablan otro idioma. La hija del comisario asesinado lo expresó sin rodeos: esperaban una sanción más dura. Aun así, valoran haber logrado algo que parecía imposible: que un juez se sentara a responder.
Ese contraste es el corazón del problema. Para el sistema, el caso es un equilibrio razonable. Para quienes cargan con las consecuencias, es apenas un paso incompleto.
El argumento de que “se logró un precedente” tiene algo de cierto. Pero también deja una pregunta abierta: ¿precedente de responsabilidad… o precedente de negociación?
Porque si un juez puede admitir hechos de esta gravedad y aun así conservar su futuro dentro del sistema, entonces la vara de lo inaceptable se vuelve más flexible de lo que la sociedad está dispuesta a tolerar.
En Mendoza, la cuerda se tensó. Pero, una vez más, no se cortó.
🖋️ Bernardo Stange
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