Durante la noche transcurrida del domingo al lunes 19 de enero del 2015, el fiscal argentino Alberto Nisman, de 51 años, fue hallado muerto en su departamento, en el barrio Puerto Madero de Buenos Aires.
La noticia ocupó la primera plana de los medios en todo el mundo, porque Nisman debía comparecer ante una comisión parlamentaria por la tarde para presentar y argumentar sus acusaciones contra Cristina Fernandez de Kirchner, presidente del país en ese tiempo, hoy vicepresidente argentina.
Nisman fue hallado muerto en el baño por su madre, que llegó al lugar con un agente de policía y cerca de su cuerpo se encontró una pistola, según la ministra de Seguridad de entonces, que no precisó, sin embargo, la causa real de la muerte del fiscal.
El diario argentino La Nación, citando fuentes judiciales, afirmó que la familia de Alberto Nisman había intentando ponerse en contacto con el fiscal desde la tarde del domingo 18 de enero. Sin éxito, la madre acudió a su domicilio, situado en el decimotercer piso de un edificio del barrio de Puerto Madero de Buenos Aires. Tras llamar a la puerta principal y no recibir respuesta, intentó entrar por la puerta trasera, pero la llave estaba colocada en el interior. Por ello, pidió el intervento de un cerrajero que forzó la cerradura. Una vez dentro, la mujer encontró el cadáver de su hijo en el cuarto de baño.
La semana precedente, el fiscal Nisman había acusado a la presidente de Argentina, Cristina Fernandez de Kirchner, al ministro de Asuntos Exteriores y a otros funcionarios del Gobierno de conspirar para encubrir una investigación sobre la implicación de Irán en un atentado con explosivos contra un centro judío de Buenos Aires en 1994, en el que murieron 85 personas y al menos 200 resultaron heridas. Según Nisman, Cristina Kirchner había pedido a su ministro de Asuntos Exteriores, Héctor Timerman, y a otros funcionarios, que hicieran gestiones para encontrar algún tipo de inmunidad para iraníes que participaron en el atentado, con el objeto de mejorar las relaciones diplomáticas y comerciales con Irán, para obtener suministros de petróleo más baratos y aliviar así los problemas causados por la crisis energética de Argentina.
Nisman también solicitó que se suspendiera temporalmente el acceso a 23 millones de dólares de fondos privados que forman parte del patrimonio del clan Kirchner y otros implicados en la investigación. Las acusaciones de Nisman, que llevaba años investigando la masacre de 1994, se basan en numerosas escuchas telefónicas realizadas durante dos años entre varios funcionarios del Gobierno y otras personas muy cercanas a la Kirchner.
Entre ellos estaba también Mohsen Rabbani, un iraní que durante mucho tiempo estuvo entre los miembros más activos de la embajada en Buenos Aires y que figura entre los sospechosos de lo ocurrido en el centro judío. Según Nisman, las pruebas reunidas eran inequívocas y sustanciales, por lo que confiaba en la decisión del juez.
Una nota publicada por el Wall Street Journal, reporta que la investigación de Nisman surgió tras las dificultades de organizar una comisión con participación iraní, para reconstruir los hechos que condujeron al atentado de 1994.
El tribunal federal de apelaciones de entoces dictaminó que el acuerdo en base al cual debía crearse la comisión era inconstitucional. Según funcionarios argentinos, el acuerdo habría permitido descubrir la verdad, pero para sus detractores -entre ellos algunas organizaciones judías- el pacto habría dado a Irán demasiada libertad de acción y ninguna garantía de que las personas involucradas en el atentado, de origen iraní, pudieran ser interrogadas adecuadamente.
Según declaracines de Nisman, “el plan criminal incluía la creación de una nueva hipótesis delictiva basada en pruebas falsas para desviar las investigaciones judiciales hacia acusados inventados, con el fin de eliminar cualquier responsabilidad penal de los sospechosos iraníes”. La operación se puso en marcha supuestamente en un momento en que Argentina se enfrentaba a una grave crisis energética, lo que llevó a gastar enormes cantidades de dinero para importar recursos energéticos del extranjero. Era necesario importar petróleo y para ello había que mejorar las relaciones comerciales con el gobierno iraní. Para Nisman, los presuntos actos delictivos se llevaron a cabo precisamente con el fin de obtener petróleo iraní a precios favorables.
A veintinueve años de distancia del atentado contra el centro judío argentino, la justicia sigue sin castigar a los culpables. Y el fiscal Alberto Nisman fue inequívocamente asesinado. Así lo sancionó el juez Julián Ercolini, poniendo fin a un “misterio” que continúa a contaminar al día de hoy la vida pública argentina.
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