Los manifestantes que apoyan al gobierno en Bolivia han impedido la hospitalización, ordenada por un juez, de la ex presidente Jeanine Añez, encarcelada desde marzo de 2021 y en huelga de hambre desde el 9 de febrero.
Cientos de simpatizantes del partido presidencial de izquierdas Movimiento al Socialismo (MAS) rodearon la cárcel donde está recluida la ex jefa de Estado en La Paz, al grito de “¡no saldrá!” y con gritos de “¡asesina!” y “¡30 años de cárcel!”.
La expresidenta, de 54 años, que se considera “presa política”, debía ser “atendida con urgencia” en un hospital de la capital por el “empeoramiento de su estado de salud”, según un auto judicial, pero, ante las protestas, el director de la prisión informó al juzgado de la “imposibilidad material” de trasladar a Jeanine Añez, y el juez ordenó que los médicos entraran en la cárcel para atenderla “incluso contra su voluntad”.
Los opositores a Añez se enfrentaron a la policía cuando intentaron desmantelar una tienda de campaña montada por los partidarios que pedían su liberación. Al final consiguieron prender fuego a la tienda y los partidarios de la ex dirigente, incluido su abogado, se vieron obligados a retirarse bajo el ataque de otros manifestantes.
Jeanine Añez está acusada de liderar un “golpe de Estado” en noviembre de 2019 contra el ex presidente izquierdista Evo Morales.
El 13 de marzo de 2021, la Fiscalía General de Bolivia firmó órdenes de detención contra la ex presidenta Añez, varios de sus ex ministros y ex oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, en el marco del juicio por el supuesto golpe de Estado contra Morales. Para todos ellos la acusación es de terrorismo, sedición y conspiración, en relación con la dimisión forzada de Morales, que se vio obligado a exiliarse durante más de un año en el extranjero, y los graves incidentes con las fuerzas del orden que se saldaron con al menos 36 muertos en las matanzas de Senkata y Sacaba.
Masacres de Sacaba y Senkata
El 15 de noviembre, grupos cocaleros, supuestamente vinculados al Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, intentaron ingresar a la ciudad de Cochabamba. Las fuerzas de seguridad de ese país dijeron que a estos manifestantes se les había incautado una gran cantidad de dinero, armas de fuego y explosivos, aunque ninguna investigación de terceros lo confirma. Cuando la policía inició la represión, se reportaron 6 muertos y 115 heridos. El 16 del mismo mes, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo que la mayoría de las muertes ocurrieron entre los manifestantes en enfrentamientos con la policía. Ese argumento fue discutido por la evidencia encontrada allí.
El 19 de noviembre, el gobierno decidió romper los bloqueos en la ciudad de Senkata. Según algunos periodistas alineados con el gobierno, numerosos simpatizantes radicales del Movimiento al Socialismo intentaron ingresar a la planta procesadora de gas natural de esa ciudad, con la intención de volarla. Esta afirmación fue luego desmentida, por el hecho de que esos manifestantes provenian de esa ciudad, al igual que sus familias. Y el lugar donde se produjo la masacre estaba alejada de cualquier posible ataque que pudiera provocar la supuesta explosión de la planta. El 20 del mismo mes, otras 4 personas fueron muertas por las fuerzas armadas, el gobierno reivindicó tales hechos como actos terroristas.
Declaraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
El 11 de diciembre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó como masacres las muertes de civiles en las ciudades de El Alto y Sacaba, apoyada en la promulgación del decreto 4078, que eximió de responsabilidad penal a las fuerzas armadas bolivianas, promulgada por el gobierno de Jeanine Áñez. Ese decreto se llamó “licencia para matar”. La policía dijo que los manifestantes usaron artefactos explosivos, dinamita y armas de fuego.
Huelga de Hambre
El 19 de marzo de 2021, Áñez inició una huelga de hambre y entró en depresión después de que se rechazara su petición de ser trasladada a un centro médico. Su hija declaró que había tenido problemas previos de depresión e hipertensión. El juez Armando Zeballos dictaminó que Áñez no necesitaba ser trasladada de la cárcel a un hospital, ya que podía ser tratada en la prisión por los médicos del hospital. Según la familia de Áñez, el tribunal había autorizado el traslado a un hospital, pero el gobierno se había negado a cumplir la orden. El 20 de marzo de 2021, fue trasladada a la prisión de Miraflores. El mismo día, un tribunal de La Paz amplió su detención preventiva de cuatro a seis meses para dar más tiempo a las investigaciones. El tribunal también prorrogó la prisión preventiva a dos de sus ministros, el de Energía Rodrigo Guzmán y el de Justicia Álvaro Coimbra.
El 23 de marzo de 2021, Áñez publicó una carta desde la cárcel en la que denunciaba “abusos y torturas”, calificaba al gobierno de Luis Arce de “dictadura” y le responsabilizaba de cualquier cosa que le pudiera ocurrir durante su estancia en prisión. También escribió que su salud se estaba deteriorando y acusó a Arce y a sus ministros de hacer falsas acusaciones contra ella. Acusó al gobierno de “poner en peligro su salud” y dijo no confiar en los médicos del gobierno, afirmando que le habían inyectado medicamentos de alto riesgo “sin precauciones ni controles médicos previos”, con el único objetivo de mantenerla en prisión. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia envió un representante a la prisión para investigar las condiciones de detención de Áñez.
El 27 de marzo de 2021, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken pidió la liberación de Áñez, afirmando que las detenciones “no eran coherentes con los ideales democráticos de Bolivia”, y expresó su preocupación por los “indicios antidemocráticos en el país”. El gobierno boliviano rechazó la declaración de Blinken, acusando a Estados Unidos de inmiscuirse en asuntos internos.
En abril de 2021, el Parlamento Europeo la calificó a ella y a sus ministros de “presos políticos” y exigió su liberación inmediata. Dijo que Áñez había cumplido con su deber de llenar el vacío de poder en noviembre de 2019 y que había tomado legítimamente el poder y denunciado la persecución política. Amnistía Internacional y Human Rights Watch también denunciaron su encarcelamiento y pidieron su liberación y la de sus ministros.
El 15 de abril de 2021 Áñez se negó a declarar en las causas relacionadas con el préstamo que Bolivia solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) sin aprobación legislativa y sobre otros delitos económicos de los que se le acusa.
En agosto de 2021, intentó suicidarse en prisión cortándose las venas. Rápidamente fue atendida por los médicos, que lo describieron como un “intento de suicidio”.
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