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Pedro Castillo se prepara para asaltar a las grandes empresas, mientras el país gira hacia la izquierda

El “humilde” Pedro Castillo

Pedro Castillo, el maestro de escuela rural que está a punto de convertirse en el próximo presidente de Perú, quiere remodelar el país azotado por el Covid, al estilo de uno de sus ídolos de la izquierda, confiscando los beneficios de las grandes empresas.

Al igual que Evo Morales, el ex presidente de Bolivia, Castillo, de 51 años, surgió de sus humildes orígenes en el interior rural de su país, para convertirse en un líder sindical populista y rabioso, antes de llegar en trampolín a un cargo nacional.

Calcando a Morales, Castillo está decidido a reformar la economía de su país para favorecer a los pobres, en una sociedad profundamente desigual, dividida entre una élite urbana mayoritariamente blanca y una mayoría mestiza, de la que forma parte el maestro de escuela del pueblo.

Sin embargo, el Sr. Castillo ha puesto nerviosos tanto a los inversores como a los peruanos con promesas dispersas de reescribir la constitución, prohibir las importaciones de cualquier bien producido en Perú y dedicar el 20% del PIB a la educación y la sanidad, una promesa que incluso los economistas de izquierdas consideran descabellada. Durante la campaña de la segunda vuelta, dio marcha atrás en algunas de esas ideas, pero muchos dudan de su sinceridad.

Castillo procede de Cajamarca, en el norte de los Andes, la región más empobrecida de Perú y sede de varias grandes minas, y se ha comprometido a que las empresas mineras dejen el 70% de sus beneficios en Perú. El país andino es el segundo productor mundial de cobre y está entre los cuatro primeros en plata, estaño, zinc, plomo y molibdeno. También tiene grandes reservas de litio sin explotar.

“Vamos a recuperar las riquezas de nuestro país para distribuirlas equitativamente entre nuestros hijos”, dijo Castillo en su último acto de campaña la semana pasada. Añadió que Perú necesitaba aumentar su capacidad de fabricación y dejar de exportar materias primas, señalando: “Ni siquiera fabricamos los botones de nuestras camisas”.

Otro rasgo que Castillo comparte con Morales es su supuesta tendencia autoritaria. Se niega a hablar mal del régimen de Maduro en Venezuela, ha hablado de abolir el tribunal constitucional, y su primer plan de gobierno -ya ha tenido varios- cita a Lenin insistiendo en que la prensa no puede ser libre bajo el “yugo del capital”.

Las encuestas muestran que la mayoría de los peruanos son partidarios de modificar el modelo de libre mercado de su país para hacerlo más justo, en lugar de adoptar el socialismo.

Sin embargo, el inesperado ascenso de Castillo se produce en un momento en el que Perú está de rodillas por la pandemia de coronavirus y cinco años de agitación política provocada en gran parte por su oponente en la segunda vuelta, Keiko Fujimori. El país tiene la peor tasa de mortalidad por Covid-19 del mundo y, hasta ahora, sólo ha vacunado completamente al 4% de la población.

“La gente se siente atraída por él porque se parece a ellos”, dice José Alejandro Godoy, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. “Tiene ese estilo de vida humilde y no tiene vínculos con el establishment político y los medios de comunicación de Lima. Ese es el atractivo”.

Sin embargo, no está claro si Castillo será capaz de cumplir sus promesas, o incluso de terminar su mandato de cinco años.

Aunque su partido Perú Libre será el más numeroso en el nuevo Congreso, no tendrá mayoría y la mayoría de los legisladores serán conservadores, mientras que Castillo carece del amplio apoyo popular del que gozó Morales en Bolivia. Por otra parte, la destitución del ex presidente Martín Vizcarra el pasado noviembre ha puesto el punto de mira en el proceso de destitución presidencial.

Esto significa que las nacionalizaciones a gran escala son poco probables. Sin embargo, Castillo podría aumentar los impuestos sobre el sector minero y utilizar los poderes ejecutivos para regularlo más estrictamente, incluyendo la retención de permisos. Pero incluso en este caso, tendría que tener cuidado, ya que cualquier medida considerada “confiscatoria” sería inconstitucional.

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