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Es tiempo de pensar en el día después

Alegoría de Dolores de La Press del incubado Alberto, sobre el cuadro de Florent Willems (1823-1905).

Buenos Aires, 26.10. 2020 – Después de superado el millón de contagios de coronavirus y sumar más de 25.000 muertos, el fracaso del presidente Alberto Fernández en el control de la pandemia, al que había apostado todo su capital político, es de una envergadura descomunal. Dado que eso fue acompañado de la quiebra de cientos de miles de empresas  y la pérdida de millones de puestos de trabajo como consecuencia de la desatinada cuarentena  que ya lleva más de 210 días, el gobierno se ha quedado sin excusas ni alternativas.

En ese escenario, la caída del producto bruto interno, mientras el dólar se dispara, las reservas se acaban y  el desorden y la disconformidad  campean en la sufrida sociedad argentina, se plantea una situación de fin de ciclo que resulta insólita para un gobierno que apenas lleva diez meses de asumido.

Cabe preguntarse cómo es posible ese conjunto de errores y disparates  cometidos por gente que más allá de los juicios de valor que puedan merecer para los que no los aprecian, acreditan una larga experiencia en el manejo  de la política  y el ejercicio del poder.

La génesis del fracaso tiene al menos tres fuentes bien identificadas.

La primera es la falta de la idoneidad de los funcionarios comenzando por el insensato Ministro de Salud que  descreía de la llegada del virus a la argentina, pasando por una Ministra de Seguridad, de profesión antropóloga e incapaz de identificar un delito de usurpación y recalando en un Jefe de Gabinete inexperto  y un Ministro de economía sin plan económico. Todos ellos producto de la búsqueda de equilibrio en un gabinete resultante de la necesidad de satisfacer a todos los participantes de una alianza transitoria constituida por sectores políticos sin afinidad ni coherencia.

El segundo factor responsable del rápido fracaso es una ideología enfermiza, atrasada y recurrente, que enturbia cada acción gubernamental y ahonda las diferencias y los choques sociales. ¿Cómo puede explicarse, sin atribuirlo a esas deformaciones ideológicas, que la crisis de la pandemia fuera aprovechada para liberar a miles de delincuentes presos que contribuyen a sembrar la inseguridad en el territorio nacional?. ¿A qué funcionario sensato se le ocurriría tratar de expropiar una empresa emblemática como Vicentín o promover y proteger ocupaciones de campos y terrenos aboliendo de hecho la propiedad privada  y llevando las situaciones al borde del estallido de la violencia social? Estas acciones parecen formar parte de un plan sistemático del gobierno para alterar el sistema vigente  e imponer una suerte de revolución agraria de corte socialista, sospecha fundada en que detrás de cada conflicto aparecen funcionarios nacionales dando apoyo y cobertura a los usurpadores y debilitando a las víctimas.  Lo que el gobierno parece ignorar es que estas acciones, lejos de quedar limitadas al campo  de su ocurrencia, crean un clima de riesgo e inestabilidad que conspiran contra la marcha general de la economía y desalientan a  cualquier posible inversor.

El tercer y definitivo factor de disociación es la situación personal de la señora Vicepresidente, afectada por numerosas  acusaciones judiciales y juicios en trámite, que se transforman en cuestiones de Estado a partir de las torpes pero durísimas arremetidas que protagoniza contra la justicia y sus integrantes. Solo por citar las más notables tenemos en pleno proceso de decisión por parte de la Corte Suprema de Justicia  el intento de anular los traslados de tres jueces que fallaron en forma adversa a la funcionaria, una modificación de la estructura judicial aprobada por el Senado pero varada en la Cámara de Diputados, la búsqueda del reemplazo del Procurador General de la Nación por cualquier medio y hasta la propuesta de modificación de la mismísima Corte de Suprema para tratar de cooptarla con amigos del poder.

No se pueden cometer tantos errores impunemente. Nadie en el gobierno parece preocupado por los urgentes problemas de la república, absorbidos como están por sus propias agendas  sectoriales y personales,  y sus luchas de poder.

 La situación es  irreversible, la sensación de fin de ciclo se ha instalado en la sociedad y solo resta saber cómo será el desenlace de la historia.  La continuidad de este gobierno requiere un cambio de gabinete y la confección de un plan económico serio a cargo de  un Ministro de Economía prestigioso y creíble. El gobierno debe recobrar el monopolio de la fuerza y asumir sus responsabilidades cortando de cuajo los intentos secesionistas en la Patagonia  y las ocupaciones y usurpaciones en todo el territorio nacional, castigándolas con todo el peso de la ley.  Los sectores productivos deben ser enérgicamente apoyados y no perseguidos y acosados y, finalmente, la señora Vicepresidente deberá resignarse a acatar las decisiones de la justicia sin constituirse en un factor distorsionante  del funcionamiento de las instituciones y destructivo de la división de poderes.

 ¿Podrá el gobierno adoptar esas drásticas decisiones o sus compromisos y ataduras lo maniatarán hasta el punto de sumirlo en la incapacidad de reaccionar?  Las alternativas son una larga agonía o una renuncia de las autoridades para permitir un reemplazo constitucional a través de la ley de acefalía. En cualquier  caso será necesario  un plan de contingencia que reúna firmeza, creatividad, consenso y  medidas apuntadas al incentivo de la producción y el descarte de la especulación financiera,  ejecutado por funcionarios probos y con vocación de servicio.

A estas alturas, nuestra mayor esperanza está en que Dios inspire tales planes y tales funcionarios,  pues los que están a cargo ya han agotado su crédito.                                                                 

Juan Carlos Neves
Presidente de Nueva Unión Ciudadana
Coordinador Político de ENCENDER (Encuentro de Centro Derecha)


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