La comisión investigadora sobre la criptomoneda Libra está a horas de cerrar uno de los capítulos más vergonzosos de esta administración: un escándalo que empezó como “memecoin” y terminó como un manual de cómo dinamitar la credibilidad institucional con un tuit presidencial. Este martes se revelará el informe final, ese que el Gobierno hizo todo lo posible por evitar, invisibilizar o bloquear según la necesidad del día.
Maximiliano Ferraro, presidente de la comisión, avisó en X que están en “últimas horas de trabajo intenso”. Traducido al castellano CAP: están terminando de encastrar un rompecabezas donde las piezas que faltan siempre corresponden al Ejecutivo. El mismo Ejecutivo que primero juró que Libra era un chiste libertario y después trató de convencer al país de que el problema era la comisión, no la estafa.
Vale recordar cómo empezó todo: miles de usuarios perdieron dinero real por un posteo presidencial que promocionaba una moneda digital sin sustento. Para el Gobierno, pura “memecoin”; para las víctimas, una ruleta rusa con el sello de Olivos. Cuando la oposición pidió explicaciones, el oficialismo reaccionó como de costumbre: cerrar persianas, negar todo y advertir que investigar “entorpecía a la Justicia”. El manual del miedo a la luz.
La comisión arrancó trabada durante meses, con el oficialismo bloqueando la designación de autoridades. Cuando por fin destrabaron el nudo, empezó el desfile de sillas vacías: Karina Milei, Caputo, Cúneo Libarona, Silva… todos citados, ninguno presente. El único que puso la cara fue Guillermo Francos, quien aseguró que el Gobierno no tuvo arte ni parte en el proyecto. Noble intento, pero dejó grietas que ni el mejor yesero digital podría tapar.
El juez Martínez de Giorgi tampoco ayudó: negó acceso al expediente y vetó el traslado por fuerza pública de funcionarios renuentes. Una colaboración involuntaria con el Ejecutivo, pero colaboración al fin. Así, la comisión trabajó a media luz, pero suficiente como para reconstruir un circuito de transferencias, reuniones y billeteras digitales que dibujan un mapa inquietante.
El expediente —diez cuerpos, decenas de testimonios, exchanges, transferencias y dictámenes— apunta no solo a Milei, sino también a su hermana Karina y a dos piezas clave del engranaje: los lobbystas Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. En el centro del tablero aparece Hayden Davis, el programador cuyas millonarias transferencias coinciden sospechosamente con visitas a Casa Rosada y Olivos. La cronología habla sola.
Dos testimonios fueron dinamita pura: el empresario Martín Romeo, víctima directa, que narró la estafa minuto a minuto; y el programador Maximiliano Flirtman, quien afirmó que el tuit de Milei estaba programado y preorquestado. No un impulso, no un capricho, sino un movimiento calculado para maximizar impacto. El tipo de frase que deja helado hasta al más devoto maxi-libertario.
Periodistas como Alejandro Bercovich e Irina Hauser, expertos como Nicolás Pechersky, Fernando Molina y Santiago Siri completaron un cuadro donde la improvisación y la opacidad del Gobierno quedaron expuestas sin maquillaje.
Hoy, la Cámara de Diputados recibirá el informe. Y con él, un recordatorio incómodo: cuando la política juega con criptomonedas, lo único que sube es la temperatura del escándalo.
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