Cristian Ritondo rompió el silencio con tono de clase cívica: “El Renaper debe quedar en Interior, porque maneja datos sensibles de las personas”. En criollo: ni Patricia Bullrich ni su ministerio de Seguridad deberían tocar el archivo nacional de rostros y huellas.
La discusión, que parecía técnica, terminó revelando la grieta dentro del PRO. Ritondo, recién salido de la jura de su amigo Santilli, apuntó con sutileza quirúrgica a Bullrich, que pretendía llevar el organismo bajo su ala.
En los pasillos, dicen que el Renaper se convirtió en un botín digital: información de 47 millones de argentinos, desde el color de ojos hasta la firma en el DNI. Un tesoro que ningún ministro quiere soltar.
“Esto ya se discutió en la dictadura”, recordó Ritondo, tirando una piedra con nombre y apellido. En los años de plomo, el control de la identidad era arma y vigilancia; en democracia, debería ser un acto civil.
El Gobierno, mientras tanto, prepara un nuevo organigrama para que nadie entienda quién manda a quién: Santilli retiene Interior, Adorni absorbe áreas, y Bullrich se relame con los expedientes.
El Renaper, en síntesis, sigue donde estaba. Pero la pulseada interna demostró que en la Argentina los documentos cambian más rápido de dueño que las promesas electorales.
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