En Argentina, ya no hace falta mirar las favelas de Río para entender el tamaño del problema. Monseñor Eduardo García, obispo de San Justo, lo dijo sin eufemismos: “el narcotráfico opera con total impunidad; es una emergencia nacional”.
Desde los barrios más castigados del conurbano bonaerense, García observa la expansión del delito con la serenidad de quien conoce el terreno. “A medida que crece el hambre, crece la presencia de narcotraficantes y el reclutamiento de jóvenes. Es directamente proporcional”, advirtió.
En los Hogares de Cristo y los centros comunitarios de La Matanza, los curas villeros ven cómo los chicos se convierten en soldados de un ejército invisible, financiado por la droga y sostenido por la desesperanza.
La comparación con Río de Janeiro no es exagerada. “No tenemos una infraestructura tan grande como las favelas, pero lo mismo ocurre a pequeña escala”, explicó García. La diferencia, acaso, es que allá el Estado intenta entrar con tanques; acá, ni siquiera llega con una linterna.
El dinero narco circula, construye lealtades, compra silencios y reemplaza la presencia pública por su propia ley. Lo llaman “territorio liberado”; en realidad, es territorio abandonado.
Mientras tanto, la política mira para otro lado, entretenida en sus propias internas y calculadoras electorales. Pero el obispo lo resume sin metáforas: “Si el Estado no interviene en los barrios, el Estado paralelo los ocupa”.
Y ese, quizás, sea el verdadero riesgo país.
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