La política argentina tiene esa rara capacidad de romperse sola mientras todavía dice estar gobernando. Esta vez el ruido vino desde adentro: la vicepresidente llevó a la Justicia a un diputado de su propio espacio y el oficialismo volvió a demostrar que su principal oposición suele vivir en casa.
La vicepresidente Victoria Villarruel denunció penalmente al diputado libertario y exministro de Defensa Luis Petri en Comodoro Py. La causa incluye cargos por “calumnias e injurias”, “atentado contra el orden público” y hasta “amenaza de rebelión”. Todo después de que Petri la llamara públicamente “golpista”.
La escena, por supuesto, comenzó donde hoy se dirime casi toda la política: en redes sociales. Un intercambio de mensajes, ironías y acusaciones terminó en expediente judicial. Argentina versión siglo XXI: del tuit al juzgado en menos de un día.
Villarruel no se quedó en la denuncia. También recordó el supuesto vaciamiento del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) durante la gestión de Petri y lo acusó de haber dejado a miles de militares y sus familias sin cobertura médica.
La frase fue neta: “dejó a cientos de miles de militares sin atención médica en los confines del país”. Una acusación que, más que un tuit picante, suena a dossier político.
La vicepresidente incluso se permitió un golpe de sarcasmo: dijo conocer a Petri “por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente”. Traducido al dialecto político: cuando se terminan los argumentos, empiezan las caricaturas.
Mientras tanto, el escándalo del IOSFA vuelve a emerger como un fantasma incómodo. En varias ciudades del país, hospitales privados reclaman deudas y afiliados denuncian falta de cobertura médica para miles de efectivos y sus familias.
El problema es que el oficialismo discute responsabilidades como si la gestión hubiese ocurrido en otro planeta. Pero no: ocurrió dentro del mismo gobierno que hoy se acusa a sí mismo.
El expediente cayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 2, a cargo del juez Sebastián Ramos. La Justicia tendrá ahora la tarea de ordenar lo que la política convirtió en un duelo de acusaciones.
Pero más allá de los tribunales, el mensaje es otro: cuando un gobierno empieza a judicializar sus peleas internas, la política deja de ser conducción y pasa a ser ring.
En síntesis: mientras el país intenta entender quién gobierna, el oficialismo se dedica a decidir quién insultó primero. Y así, entre denuncias, tuitazos y obras sociales vaciadas, la hucha del poder termina rota por dentro.
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Apuntes del poder para la memoria de la República
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