La historia argentina tiene un extraño talento para repetir sus sombras. Algunas se diluyen con el tiempo; otras vuelven cada vez que el poder decide recordar lo que antes prefirió olvidar.
En enero de 2015, el fiscal federal Alberto Nisman apareció muerto con un disparo en la cabeza en su departamento de Puerto Madero. Horas después debía presentarse en el Congreso para explicar una denuncia contra la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento de los responsables del atentado a la AMIA.
Treinta años después del ataque terrorista más grave ocurrido en suelo argentino, la causa sigue cargando con un peso que excede lo judicial. Expedientes demorados, decisiones discutidas y magistrados que pasaron por la investigación sin que la verdad terminara de imponerse.
Uno de esos jueces que, en su momento, terminó contribuyendo al congelamiento de la causa permanece hoy bajo protección política del oficialismo. Las alianzas cambian, pero la impunidad suele encontrar refugios estables.
Mientras tanto, el escenario internacional vuelve a colocar a Irán en el centro de la escena. El Gobierno argentino respaldó el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní y celebró la eliminación de Ali Khamenei, líder supremo de la República Islámica.
Desde la Casa Rosada se afirmó que Khamenei fue uno de los responsables de las atrocidades que derivaron, entre otras cosas, en el atentado contra la AMIA en 1994, ejecutado por Hezbolá y planificado desde las más altas esferas del poder iraní.
El comunicado presidencial fue contundente. La Argentina acompañó la operación militar y expresó su expectativa de que ese hecho marque el fin de más de cuatro décadas de opresión y violaciones a los derechos humanos dentro de Irán.
En el mismo mensaje, el Gobierno reiteró que la búsqueda de justicia por las 85 víctimas de la AMIA continuará como política de Estado hasta que el último responsable pague con su libertad o con su vida.
Sin embargo, la paradoja persiste. La Argentina reclama justicia en el plano internacional mientras, en su propio sistema judicial, las zonas grises continúan acumulándose.
La muerte de Nisman sigue siendo una de ellas. Un capítulo abierto que cada tanto reaparece cuando la política decide invocar la memoria de la AMIA.
Porque la justicia, en la Argentina, suele invocarse con solemnidad. Lo difícil —y lo pendiente— sigue siendo practicarla.
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