La escena política argentina vuelve a tensarse en el cruce frontal entre el Presidente y una parte del empresariado. Javier Milei decidió exponer, con nombre y apodos, a ejecutivos y sectores que —según su visión— se ampararon durante años en el discurso de la “industria nacional” para sostener márgenes extraordinarios. No es una novedad el conflicto entre gobiernos y formadores de precios; sí lo es el tono crudo con el que se lo plantea desde el poder.
La narrativa oficial apela al “principio de revelación”: lo que antes se murmuraba, ahora se exhibe. La acusación es directa: hubo sobreprecios, rentabilidades fuera de escala y connivencia con políticas proteccionistas que limitaron la competencia. El mensaje busca dejar huellas visibles, marcas que identifiquen responsables de una economía cerrada y cara para el consumidor.
Detrás del gesto hay una disputa más profunda por el sentido del nacionalismo económico. Para el Gobierno, la bandera de lo “nacional” fue usada como coartada para blindar negocios ineficientes. Para los sectores productivos, la apertura abrupta amenaza estructuras construidas al calor de reglas previas. El choque no es solo retórico: redefine ganadores y perdedores en tiempo real.
La apelación presidencial a confesiones públicas de empresarios refuerza la idea de que existió una captura de rentas sostenida en la falta de competencia. El problema, sin embargo, no es únicamente moral. Es económico: precios altos erosionan el poder de compra, distorsionan la asignación de recursos y empujan a los consumidores a buscar alternativas afuera del mercado local.
El caso de los neumáticos se volvió símbolo. Entre el reconocimiento de márgenes elevados y la promesa de un mercado más abierto, el Ejecutivo intenta justificar una corrección de precios por la vía de la competencia externa. El argumento es lineal: abrir para bajar costos, exponer para disciplinar conductas.
La misma lógica se trasladó a la indumentaria. La crítica oficial a los valores de la ropa local apunta a un problema estructural: una cadena productiva que, protegida por aranceles y restricciones, perdió incentivos para ganar productividad. La pregunta es si la apertura, por sí sola, corrige ineficiencias sin provocar daños colaterales en empleo y capacidades productivas.
El cierre de plantas y los despidos masivos vuelven más espeso el clima. La conciliación obligatoria intenta ganar tiempo, pero no resuelve la tensión de fondo: cómo transitar desde un esquema protegido hacia otro competitivo sin convertir la transición en un costo social irreversible. La economía real no se ajusta al ritmo de los posteos.
El discurso presidencial busca un golpe pedagógico: exponer para reformar. Pero la pedagogía del escarnio tiene límites. Señalar conductas puede ser eficaz para cambiar incentivos; personalizar el conflicto, en cambio, tiende a convertir debates de política económica en duelos de reputaciones, con costos institucionales.
También hay una apuesta comunicacional: ordenar el relato del ajuste. Si los precios bajan, la apertura habrá sido “justicia”. Si no bajan, los “marcados” quedarán como responsables. Es una forma de repartir culpas por anticipado en un proceso que, por definición, es incierto.
La Argentina conoce de huellas que no se borran: protecciones que derivaron en oligopolios, pero también aperturas que arrasaron capacidades productivas. Entre ambos extremos, el desafío es construir competencia sin desindustrializar, disciplina de precios sin demonizar al que invierte.
Seguir huellas sirve para no repetir errores. El Gobierno eligió marcarlas con tinta indeleble. Falta saber si esa tinta señalará el camino de una economía más barata y competitiva, o si quedará como la marca de una batalla cultural que confundió enemigos con problemas estructurales.
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