
Por Tully Roberts, especial para ElCanillita.info
Argentina
La gesta de la transparencia suele narrarse en abstracto; la historia de Cecilia Goyeneche la devuelve al cuerpo. La destitución de una fiscal anticorrupción no es un tecnicismo administrativo: es un mensaje político. Dice qué se tolera y qué se castiga cuando el poder es interpelado.
La carrera de Goyeneche no fue la del atajo sino la del método: concursos, ascensos, trabajo sostenido. Ese trayecto, que debería blindar a quien investiga, se volvió frágil cuando la pesquisa rozó a la Legislatura y al exgobernador. En la Argentina, el mérito protege hasta que incomoda.
Las “causas de los contratos truchos” revelaron un sistema de extracción de recursos públicos a la vista de todos. No fue una astucia sofisticada sino una rutina naturalizada. La corrupción que se repite no es genial: es persistente porque se siente a salvo.
La reacción del poder no fue refutar la prueba, sino horadar a quien la producía. El desplazamiento de la fiscal, en pleno juicio al exgobernador, operó como advertencia: investigar tiene consecuencias. El castigo no necesita balas; alcanza con el expediente.
La impunidad es un clima. No vive solo en la absolución, sino en la dilación, en la chicana procesal, en la captura de órganos de control. Cuando el proceso se vuelve el castigo, la verdad llega tarde o no llega.
La soledad del fiscal anticorrupción es estructural. El secreto de sumario protege la investigación, pero también deja al investigador expuesto frente a aparatos políticos que sí operan en público. Asimetría perfecta para desalentar.
La destitución con argumentos débiles no es un error del sistema: es una señal del sistema. La excepcionalidad se convierte en regla cuando el control es colonizado por lo que debería controlar.
No hay provincias inmunes. La diferencia no es moral; es institucional. Donde no se investiga al poder, no es porque el poder sea virtuoso, sino porque el costo de investigar es intolerable para quien lo intenta.
La condena a un exgobernador es una anomalía saludable. Por eso duele. Rompe el pacto tácito de que la política de alto rango no paga costos penales. Cuando el pacto se resquebraja, la respuesta corporativa busca restaurarlo.
La corrupción no es solo robo: es una pedagogía cívica negativa. Enseña que la ley es flexible para algunos y rígida para otros. Ese aprendizaje erosiona la convivencia y vuelve cínica a la ciudadanía.
La anomia no es una abstracción académica: es la práctica cotidiana de torcer la norma hasta vaciarla. Allí germina la corrupción administrativa y se legitima el “arreglo” como forma de gobierno.
El ciudadano queda atrapado entre el miedo y la normalización. Denunciar tiene costos; callar parece prudente. Sin protección efectiva al denunciante, la ética cívica se vuelve heroica, y la democracia no puede depender de héroes.
La política que tolera la captura judicial se debilita a sí misma. Hoy protege a los propios; mañana ya no puede arbitrar conflictos sin sospecha. La desconfianza es la moneda que se acuña cuando el control se manipula.
No alcanza con celebrar a quien resiste. Hay que construir condiciones para que resistir no sea una proeza individual sino una práctica institucional. Regímenes de incompatibilidades claros, jurados sin conflictos de interés, plazos razonables, protección real a fiscales y testigos.
La historia de Goyeneche no pide épica; pide reglas. El Estado que castiga a quien investiga se vuelve cómplice de lo que finge combatir. La democracia se defiende cuando el poder acepta límites, incluso —sobre todo— cuando duele.
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