Por Tully Roberts, especial para ElCanillita.info
Argentina
En tiempos de desconfianza estructural, la política judicial deja de ser un trámite técnico para convertirse en un gesto cargado de sentido.
La decisión del Ejecutivo de enviar al Senado el pliego para renovar a un juez clave de la Cámara Federal de Casación Penal, en un contexto de más de doscientos nombramientos demorados, reabre un interrogante incómodo: ¿qué se elige priorizar cuando se administra la excepcionalidad?
No se trata solo de un expediente que avanza. Se trata de la señal que emite el poder cuando decide mover una ficha sensible en el tablero institucional. En un sistema fatigado por la sospecha, cada excepción reclama una pedagogía pública que explique por qué este caso sí y tantos otros no.
La Cámara de Casación ocupa un lugar singular en el ecosistema judicial: es el último umbral antes de la Corte en causas de alto impacto. Allí se ordenan criterios, se fijan precedentes y, muchas veces, se define el ritmo de investigaciones que tocan nervios políticos. Por eso, los movimientos en su integración nunca son neutrales, aunque se presenten como rutinarios.
La figura del magistrado involucrado convoca lecturas encontradas. Trayectoria extensa, reconocimientos internacionales, producción académica: un perfil que dialoga con la idea de un juez de carrera. A la vez, su arribo al tribunal superior por vía de traslados excepcionales y su paso por la política partidaria inscriben esa trayectoria en una zona donde los límites entre mérito, oportunidad y conveniencia se vuelven porosos.
En esa porosidad se cuelan los rumores. Vínculos familiares, cercanías con mundos que orbitan entre la política, la justicia y el fútbol, versiones que circulan en pasillos judiciales: nada de eso constituye prueba, pero todo ello compone un clima. Y el clima, en la Argentina, pesa tanto como los hechos cuando la credibilidad está en juego.
La cuestión de fondo no es si un juez puede o no tener relaciones sociales. La cuestión es si el sistema ofrece garantías suficientes para que esas relaciones no erosionen la apariencia de imparcialidad. En justicia, la forma importa tanto como el fondo: no alcanza con ser independiente; hay que parecerlo.
También hay un problema de método. La excepcionalidad administrada “a cuentagotas” vuelve discrecional lo que debería ser previsible. Cuando el criterio no se explicita, la sospecha ocupa el lugar del argumento. Y la sospecha, aun injusta, daña a todos: al juez involucrado, al Ejecutivo que propone y al Senado que convalida.
El Senado, precisamente, es el escenario donde estas tensiones deben ventilarse con rigor. No para dirimir chismes, sino para exigir estándares. Preguntar por trayectorias, por conflictos de interés potenciales, por criterios de oportunidad. Hacer del trámite un acto de control republicano y no un sello de goma.
El trasfondo político añade densidad. En un año cargado de disputas, cada gesto puede leerse como parte de un reordenamiento de alianzas tácitas o de una tregua estratégica con actores influyentes. La justicia no debería ser moneda de ese intercambio, ni siquiera en el plano simbólico.
Nada de esto impugna de antemano a la persona. Impugna la opacidad del proceso. En un país que aprendió a desconfiar de las coincidencias, la transparencia no es un lujo: es una política de prevención de crisis.
La salida es menos dramática de lo que parece y más exigente de lo que suele practicarse: reglas claras, razones públicas, audiencias serias. Que cada excepción venga con su justificación explícita y verificable. Que el control político no sea un trámite, sino un ejercicio de responsabilidad.
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