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Peronista denunciará instituto de inglés del gobierno

Argentina

El gobierno decidió que la diplomacia también se entrena en gerundio: “contratando, justificando, aclarando”. Así, mientras el país repasa verbos irregulares, Cancillería firmó uno regularísimo: $114 millones para clases de inglés. Nada más internacional que tercerizar la pronunciación y la paciencia.

La senadora Juliana di Tullio anunció que llevará el caso a Comodoro Py. No para discutir la diferencia entre “teacher” y “trainer”, sino para preguntar por qué el aula queda, casualmente, dentro del living familiar del ministro de Desregulación. En el nuevo manual de ética pública, la cercanía no calienta bancos: los reserva.

El contrato fue adjudicado por “especialidad”. Una especialidad curiosa: saber inglés y tener línea directa con el gabinete. En un país donde sobran institutos y faltan licitaciones competitivas, la especialidad parece ser un arte marcial administrativo.

El expediente activó el “procedimiento de integridad”. La integridad, como el subjuntivo, se invoca cuando la realidad no alcanza. Oficina Anticorrupción y SIGEN entraron a escena para certificar que el parentesco no pronuncia mal las consonantes.

Desde Cancillería aseguran que contratan a la entidad “desde 2018”. Tradición institucional: hay cosas que se heredan, como los sillones, los proveedores y la costumbre de que el Estado practique el “present perfect” con los mismos apellidos.

El vocero del ministro negó irregularidades. Traducción simultánea: no hubo falta, solo una coincidencia con acento familiar. En la diplomacia de las aclaraciones, la duda siempre llega con subtítulos.

Los papeles dicen que la propuesta la preparó la directora de la entidad, que además es la esposa del ministro. Un detalle de estilo: el amor también redacta pliegos. El romanticismo administrativo no figura en el organigrama, pero circula por los pasillos.

Nueve meses de contrato, con opción a prórroga. Un embarazo de capacitaciones. Si la transparencia crece sana, habrá baby shower de comunicados oficiales y bautismo de resoluciones.

La defensa es de manual: todo legal, todo auditado, todo publicado en COMPR.AR. El problema es que la transparencia no es un link: es un hábito. Y los hábitos, cuando son de familia, cuesta desaprenderlos.

Di Tullio promete tribunales. El gobierno promete procedimientos. En el medio, el contribuyente promete no reírse cuando le expliquen que la ética es una cuestión de pronunciación correcta.

Al final, el Estado aprende inglés; la ciudadanía aprende paciencia. Y la política, como siempre, rinde un oral frente al espejo: conjuga “integridad” en futuro, reprueba en presente y apela en gerundio.

✍️ © El Traductor del Poder | 2026


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