Argentina
A primera hora de este viernes, el Poder Ejecutivo decidió poner en marcha su ofensiva legislativa: remitió al Congreso el controvertido Decreto de Necesidad y Urgencia que redefine el papel de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), dotándola de facultades operativas, incluida la capacidad de realizar detenciones en el acto. El objetivo oficial es modernizar el sistema de inteligencia nacional, aunque no faltan voces que alertan por la falta de debate parlamentario y el espectro de ampliar tareas más propias de una policía secreta que de un organismo de inteligencia.
La oposición, que había puesto el grito en el cielo ante la publicación y envío tardío del DNU, prepara ahora sus argumentos para intentar voltearlo en el Parlamento. La crítica central: que un cambio de tamaña envergadura no puede limitarse a un decreto, y que abre una puerta peligrosa para arbitrariedades institucionales.
Justo cuando la escena política local parecía concentrarse en esa tensión entre Ejecutivo y legisladores, desde otro flanco llegó otra trama que combina diplomacia, derechos humanos y un toque de absurdo: la ex ministra de Seguridad y actual figura de peso en La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, salió a reclamar la liberación de ciudadanos argentinos detenidos en Venezuela por el régimen chavista.
Bullrich —quien también destacó que los presos políticos en Venezuela estaban “subregistrados”— hizo pública la identificación de al menos cinco argentinos bajo custodia en cárceles del país caribeño. Entre ellos se incluye a un trabajador gastronómico con doble nacionalidad y otros casos que las ONG y familiares siguen con atención.
En los últimos días, Venezuela ha anunciado la liberación de presos políticos en el marco de un proceso descrito por las autoridades como parte de un gesto de “paz y reconciliación”. Sin embargo, organizaciones como el Foro Penal verifican cifras menores y advierten que muchos detenidos siguen tras las rejas sin acceso claro a procesos justos.
Es en este escenario donde Bullrich —funcionaria y ex terrorista según ciertos relatos extremos de la política local— intenta convertirse en portavoz de compatriotas que, para muchos en Argentina, suenan más a anécdota de diplomacia desordenada que a una crisis nacional de peso. El contraste, irónico para algunos, subraya la paradoja: mientras un DNU redefine el rol de la inteligencia doméstica, una figura del oficialismo demanda la intervención humanitaria en un país extranjero.
Para analistas locales, la jugada tiene sabor a estrategia comunicacional: capitalizar la sensibilidad por argentinos en el exterior para eclipsar la discusión interna sobre el DNU de la SIDE. Para otros, es simplemente un sketch político donde la seriedad de los temas internacionales compite con la narrativa oficial sobre seguridad y soberanía.
En cualquier caso, la semana política se perfila tan gruesa como surrealista: en el mismo contexto se discute el alcance de un organismo de inteligencia con poderes reforzados mientras se libra batalla mediática por libertades y detenciones que algunos dicen existir y otros apenas cuentan.
De fondo, el Congreso se alista para una batería de debates que probablemente incluyan no solo el destino del DNU de la SIDE, sino también réplicas, curiosidades y giros propios del melodrama político argentino de estos tiempos.
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