La política argentina arrancó el año con tráiler incluido. A través de un DNU publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo reestructuró la ley de inteligencia y redefinió el rol de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), otorgándole una capacidad que hasta ayer pertenecía a otro reparto: la aprehensión de personas.
El cambio no llegó por sorpresa. Había sido anticipado por el propio Gobierno, que lo presentó como una actualización necesaria frente a los “riesgos estratégicos”. La novedad —y el ruido— está en el detalle: agentes de inteligencia que, en determinados supuestos, pueden detener y luego avisar. Primero el acto, después el trámite.
El texto es elocuente y elástico. Declara “encubiertas” todas las actividades de inteligencia por su sensibilidad y para “minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”. Una fórmula amplia, de esas que en el cine habilitan persecuciones nocturnas; en la vida real, interpretaciones generosas.
El artículo más cuestionado habilita la aprehensión “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial o comisión de delitos en flagrancia”, con aviso inmediato a fuerzas policiales o de seguridad. La pregunta que flota no es el aviso, sino quién decide cuándo empieza la escena.
Desde la oposición, las alarmas sonaron al unísono. Se habló de “espionaje político”, de confusión de roles y de un retroceso democrático. El fantasma de una policía secreta —ese clásico del género— volvió a caminar los pasillos del Congreso, aunque el decreto haya elegido evitarlos.
El exdiputado Leopoldo Moreau fue directo: calificó la medida como la creación de una policía secreta y sostuvo que clausura la conducción civil de la inteligencia militar. Recordó, además, que no es la primera vez que el sistema se modifica por decreto, sino la segunda, y con menos sutileza institucional.
Moreau fue más allá y denunció que el DNU “pasa descaradamente por encima de las facultades del Congreso” y obliga a la administración nacional y provincial a convertirse en delatores de la oposición. En su lectura, el libreto no es de acción sino de vigilancia.
Desde la Casa Rosada, la defensa se apoya en la eficiencia y la prevención. Bajo la batuta del presidente Javier Milei, el Ejecutivo insiste en que se trata de dotar al Estado de herramientas modernas frente a amenazas complejas, sin alterar —dicen— el equilibrio republicano.
Pero la frontera entre inteligencia y seguridad siempre fue delicada. Cuando se corre un centímetro, el piso tiembla. Y si además se corre por decreto, el temblor se siente más fuerte. El “Bond criollo” ya tiene permiso para actuar; resta saber quién controla el guion y quién corta la escena si algo sale mal.
Por ahora, el estreno divide a la crítica. Algunos aplauden la mano dura preventiva; otros advierten que, sin controles claros, el final puede ser de terror institucional. En Argentina, se sabe, los spin-offs suelen durar más que las garantías.
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