Argentina
La denuncia presentada por María Eugenia Talerico en Comodoro Py no llega en silencio: entra haciendo ruido. Apunta a Santiago Caputo y a un entramado donde la Secretaría de Inteligencia del Estado aparece desviada de su carril legal hacia zonas grises de lobby, contratos y diplomacia por la banquina.
El punto de arranque es un acuerdo firmado el 12 de febrero de 2025 entre la SIDE y Tactic Global, consultora creada en Estados Unidos apenas dos meses antes. La premura no es un detalle técnico: es el primer hilo que la denuncia tira para cuestionar razonabilidad, antecedentes y finalidad del contrato.
Detrás de la firma aparece Leonardo Scatturice, empresario con vínculos con inteligencia y negocios públicos, y Barry Bennett, lobista que se presenta como cercano a Donald Trump. Según la presentación, lo contratado no apunta a seguridad nacional sino a gestión de influencias: lobby político y empresarial con sello “consultoría”.
La denuncia introduce un concepto que incomoda: “embajadas paralelas”. Canales informales entre Buenos Aires y Washington que habrían operado al margen de Cancillería y de las embajadas formales. Atajos diplomáticos, dice el escrito, que explican gestiones sensibles realizadas fuera de los carriles institucionales.
Otro capítulo agrega picante: la presunta injerencia de Bennett en la política interna argentina. Acciones para moldear opinión pública y legisladores, algo expresamente vedado por la Ley de Inteligencia cuando hay actores ligados al sistema. Si la SIDE mira, escucha o empuja debates domésticos, la línea roja ya quedó atrás.
En paralelo, la denuncia detalla el crecimiento de los negocios de Scatturice con el Estado. Al menos 21 contratos, incluyendo licitaciones de peso en Economía y Educación, a través de OCP Tech. Los datos surgen del Boletín Oficial y dibujan una curva ascendente mientras se estrechan vínculos políticos.
La trama suma nombres y cargos: se menciona la recomendación de funcionarios en áreas estratégicas, como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), bajo órbita política del propio Caputo. No es prueba definitiva, pero sí un patrón que la Justicia deberá desarmar o confirmar.
La base probatoria combina periodismo de investigación, registros públicos internacionales —como los del Estado de Florida sobre Tactic Global— y declaraciones del propio Bennett, quien reconoció haber trabajado para consolidar respaldo político alrededor de Caputo. Todo eso, ahora, entra al expediente.
La denuncia invoca figuras clásicas del Código Penal —negociaciones incompatibles, tráfico de influencias— y la Ley 25.520. En traducción llana: si la inteligencia se convierte en gestoría política y los contratos en pasillos diplomáticos, el problema ya no es de estilo, sino de legalidad. El expediente arranca; el ruido, también.
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