La provincia Mendoza volvió a pararse frente al Gobierno como quien frena a un borracho que insiste en vender el tanque de agua de la casa para pagar deudas viejas. El conflicto por la mina San Jorge tiene dos ingredientes explosivos: un recurso escaso y un Gobierno nacional con sed crónica de dólares.
La caravana iniciada en Uspallata no es un paseo dominical: es una marcha que atraviesa más de cien kilómetros para recordarle a la política que, en esta provincia, tocar el agua es tocar la dignidad. Y si algo aprendió Mendoza desde 2019 es que cuando el pueblo camina, las leyes tambalean.
La “Gesta Libertadora por el Agua” tiene más organización que algunos ministerios. Postas cada siete kilómetros, grupos sumándose desde el Valle de Uco, Lavalle y el Este, familias enteras empujando carritos y bicicletas. Todo para llegar a una Legislatura que mañana se jugará la credibilidad frente a sus propios votantes.
Mientras tanto, desde Buenos Aires el Presidente Milei agitó el pomponcito del libre mercado y celebró la mina como si fuera la llave mágica de la prosperidad eterna. “600 millones de dólares, 40.000 toneladas por año, progreso y trabajo”, enumeró, como si la geografía mendocina fuera un Excel sin montañas, acuíferos ni historia reciente.
Los manifestantes lo ven distinto: San Jorge —ahora maquillado como PSJ Cobre Mendocino— es otra versión del viejo truco de siempre. Promesas de inversión arriba, residuos abajo. Y cuando falta agua, no hay relato que tape la sed.
El Senado provincial carga con la responsabilidad incómoda de decidir entre aplaudir la billetera o escuchar a los que caminan. La calle ya eligió: si la Legislatura aprueba la DIA, la crisis política puede ser más grande que la mina.
Y como si el Gobierno necesitara refuerzos para empujar la narrativa del “progreso extractivo”, apareció Patricia Bullrich para ponerle moño a la polémica. La exministra de Seguridad y flamante senadora porteña se sumó desde X al coro oficialista, citando entusiasta la publicación de Milei.
“Mendoza tiene la oportunidad de crecer, de generar trabajo, riqueza y desarrollo. Y, como siempre, el kirchnerismo del otro lado: frenando, trabando y oponiéndose al progreso. Nada nuevo. Es hora de hacer lo que hace años funciona del otro lado de la cordillera. Vamos, Hebe Casado”, escribió, como si la cordillera fuera un decorado y no el límite natural de una crisis hídrica que ya es estructural.
El mensaje es claro, firme y repetido en cada cartel: “El agua no se negocia”. Pero en la Casa Rosada y sus alrededores, la brújula parece señalar siempre el mismo norte: inversión a cualquier costo. Aunque el costo lo paguen otros.
Mendoza camina, el Gobierno calcula, y la tensión sube. Mañana, cuando la caravana llegue a la capital, se sabrá quién tiene más peso: si el pueblo que defiende su agua o un poder central desesperado por exprimir cada recurso como si el país fuera un depósito en liquidación.
El capítulo está abierto. Y huele a que el agua vuelve a enseñar lo que la política olvida: que no todo se compra. Y menos todavía, se vende.
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