En la Argentina de las tarifas dinámicas y la moral elástica, era cuestión de tiempo para que el esquema de fotomultas bonaerenses chocara contra su propio bache. Y el impacto fue directo: el fiscal Álvaro Garganta convocó a indagatoria al exministro de Transporte Jorge D’Onofrio, referencia inevitable del tablero Kicillofista, por irregularidades que ya huelen más a negocio que a tránsito.
La acusación es breve, letal y sin rodeos: cohecho y negociaciones incompatibles. En criollo, un tránsito fluido entre el Estado y la caja privada, con peajes que no aparecen en ninguna ruta. D’Onofrio deberá presentarse el 15 de diciembre, fecha en la que, paradójicamente, se verificará algo que su VTV nunca controló: si frena, si patina o si confiesa.
La nómina de empresarios involucrados es digna de un directorio paralelo del Ministerio: Sebastián Desio, Martín Hernán Serrano, Germán Rebolo, Leonardo Sclafani, Aitor Reter Aguado, Juan Manuel Funes Bige, Juan Pablo Pesculich y Germán Jorge Neuss. Todos vinculados a la maquinaria que hacía funcionar la VTV y que ahora deberá explicar por qué funcionaba tan bien… para algunos.
El Juzgado Federal de Campana ya había procesado a D’Onofrio y embargado bienes. No fue exactamente una multa, pero sí un recordatorio de que el GPS judicial aún está encendido. Y lo estará por largo rato: la denuncia original, del 5 de septiembre de 2024, lo señala como cabeza de una estructura con división de roles tan detallada que hasta un inspector municipal la envidiaría.
Según la causa, había gestores con descuentos del 50% para infractores, pero sólo si pagaban por atrás. Un “Black Friday” permanente que habría costado entre 4 y 10 millones de dólares mensuales a Secutrans. Ni el CyberMonday se animó a tanto.
La lista negra sigue: siete empresas que habrían sido obligadas a contratar a Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., cobrando un 8,5% más IVA por cada turno de VTV. Cuando la ventanilla pública te obliga a pasar por la privada, ya nadie finge sorpresa.
Y eso no es todo: CECAITRA, la asociación civil que administra ingresos de infracciones, aparece bajo la lupa por el manejo de por lo menos 155 radares en municipios del conurbano. Si esos cinemómetros pudieran hablar, pedirían custodia automática.
D’Onofrio renunció apenas el caso tomó aire público. Lo reemplazó Martín Marinucci, quien llegó con el discurso clásico del político heredero: “Nosotros venimos a ordenar”. Pero el tablero que recibe no necesita orden; necesita desinfección.
En la provincia, la VTV nunca tuvo tanta demanda: ahora todos quieren verificar quién era el verdadero conductor del negocio. Y si la Justicia hace su trabajo, varios autos oficiales podrían quedar definitivamente fuera de circulación.
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