El Ministerio de Desregulación puso números a un secreto a voces: cada recibo de sueldo argentino es un ticket de peaje sindical. Entre “aportes solidarios”, “otros” y “extraordinarios que se renuevan por milagro”, los gremios facturan casi $2 billones al año. Traducido: una montaña de plata que no pasa por el Congreso, pero sí por las cajas de los Moyano, Cavalieri y compañía.
El informe, firmado por el equipo de Federico Sturzenegger, revela que un trabajador promedio entrega $838.000 anuales a su sindicato. Algunos llegan a $1,3 millones. Y todo sin preguntar, porque los descuentos son obligatorios, incluso para quienes no están afiliados. Libertad de asociación, versión criolla.
En la cúpula de Camioneros, la familia Moyano recauda $206.000 millones al año; los encargados de edificios, $79.000 millones; Comercio, un billón redondo; Construcción, $372.000 millones; Metalúrgicos, $96.000 millones; y Gastronómicos, $228.000 millones. Entre todos, una recaudación que haría sonrojar a Hacienda y al Vaticano juntos.
Sturzenegger, con la ironía que lo caracteriza, los llamó “impuestos privados”. Y recordó el decreto que el Gobierno firmó para impedir esos aportes forzosos: “La casta se defiende con uñas y dientes”, había lanzado en el Council of the Americas, mientras el presidente de la Cámara de Comercio, Mario Grinman, respondía con un diplomático “estamos en democracia”. Traducido: nadie suelta la caja.
El relevamiento detectó también aportes “de emergencia” (para tapar déficits o arreglar sedes), y “extraordinarios” (que milagrosamente se cobran todos los años). Algunos van a institutos propios de los gremios, como Inacap o Istic, donde la capacitación y el turismo son rubros indistinguibles.
El trasfondo político es claro: el Gobierno prepara la reforma laboral, y necesita mostrar que los sindicatos no son héroes obreros sino recaudadores seriales. “El régimen laboral es arcaico, rígido e imprevisible”, repitió Caputo, sumando pólvora al fuego.
Los gremios, por su parte, no niegan los cobros: los llaman “solidaridad institucional”. Hermoso eufemismo para el descuento automático. Mientras tanto, el trabajador argentino —que ya paga impuestos por respirar— descubre que hasta su sindicato le cobra por derecho de tránsito.
Y así, entre peajes sindicales, decretos judicializados y promesas de reforma, el país sigue en la misma autopista: llena de baches, pero con casillas de cobro en cada kilómetro.
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